El gobierno de Estados Unidos está en medio de un escándalo por la explotación laboral de menores migrantes, principalmente centroamericanos, de los que hay documentados casi 4,000 casos. La mayoría de estos, niños y adolescentes que son sometidos a trabajos “sucios y mal pagados”. Muchos de ellos viajaron de manera irregular a Norteamérica y no tienen familiares cercanos residiendo allá.
El problema lleva ya entre 5 y 6 años de haberse agudizado y empeoró cuando los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, cuando miles de menores cruzaron la frontera y se incorporaron a labores para poder pagar las cuotas que los traficantes de migrantes les exigían por haberlos llevado hasta allá.
De acuerdo a reportes federales recientes, al menos 800 empresas se aprovecharon de los migrantes de Centroamérica y les dieron tareas “muy peligrosas”.
Una investigación del periódico estadounidense The New York Times profundizó en al menos 100 casos de menores que trabajaban lavando platos, repartiendo comida, horneando pan, como obreros de construcción, lavando mantelería de hoteles y otros.
Muchos de los menores explotados usaban identificaciones falsas y en su momento, el gobierno no tomó con seriedad el problema, según el Times.
A finales de febrero, la administración estadounidense anunció para combatir el trabajo infantil, una “lacra” que desde 2018 ha aumentado un 69% y afecta de manera particular a los menores migrantes latinoamericanos que llegan solos al país.
“No se trata de un problema del siglo XIX, sino que es un problema actual”, advirtió el secretario de Trabajo, Marty Walsh, en un comunicado.
Walsh anunció nuevas medidas como la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, más inspecciones en los lugares de trabajo, o el aumento de las multas a las empresas que empleen ilegalmente a menores en cadenas de producción y trabajos peligrosos.
En el último año fiscal se investigaron 835 empresas, que empleaban ilegalmente a más de 3,800 menores.
Las multas máximas de $15,138 dólares por cada menor en un trabajo ilegal “no son suficientemente altas para disuadir a las grandes empresas”, reconoció Walsh, cuya cartera trabaja con el Congreso para aumentarlas.
El pasado 17 de febrero se anunció la resolución de uno de los mayores casos de trabajo infantil en la historia reciente del país contra la empresa Packers Sanitation Services.
Esa compañía empleó -en ocho estados- a más de 100 menores en la cadena de procesamiento de carne donde estaban expuestos a químicos tóxicos usados para la limpieza de los equipos, por lo que fue condenada a pagar una multa de $1.5 millones.
Según el Times, algunas compañías cuyos productos fueron hechos con trabajo infantil son Ben & Jerry’s, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, Walmart, Whole Foods y Target.
En el país hay 600 investigaciones en curso por trabajo ilegal de menores de edad.
La legislación estadounidense permite el trabajo a partir de los 14 años, pero con limitación de horas para los menores de 16 y en trabajos no peligrosos para la salud.
El problema se ha agravado con la llegada al país de menores latinoamericanos no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia, la mayoría no tienen ningún familiar en Estados Unidos, según el departamento de Trabajo.
Otros recalan en casas de familiares, a menudo en dificultades económicas, o patrocinadores que se hacen cargo de ellos, obligándolos a trabajar para aportar a la economía familiar.
En el último año llegaron 130,000 menores no acompañados al país, el triple que hace tres años, asegura el diario.
Pese a que el gobierno federal sabe de su existencia, y que las instituciones deben apoyarlos y protegerlos del tráfico y la explotación, estas han perdido el rastro de más de 86,000 menores, según el medio.
“Cada niño en este país, independientemente de su circunstancia, merece protección y cuidado como esperaríamos para nuestro propio hijo”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra, en el comunicado.
El departamento de Trabajo se queja de que con “demasiada frecuencia, las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de colocación, o los subcontratistas o proveedores, son los responsables. Aquí todos tenemos una responsabilidad”, zanjó.
“Todos los niños de este país, independientemente de sus circunstancias, merecen la protección y el cuidado que esperaríamos para nuestros propios hijos”, dijo en un comunicado Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos.
