La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, llega este sábado a El Salvador donde se reunirá con el popular presidente Nayib Bukele y conocerá de cerca detalles de la política de seguridad desarrollada por el mandatario que le ha permitido al país más pequeño de Centroamérica pasar de ser el más violento del continente a posicionarse como el más seguro de la región.
De acuerdo a la información oficial, la funcionará visitará la megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión más grande de Latinoamérica, un centro de confinamiento para 40,000 prisioneros.
Bullrich también estará en la Academia Nacional de Seguridad Pública, la escuela de policías.
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El Ministerio de Seguridad argentino dijo, además, que la enviada del presidente Javier Milei sostendrá encuentros con los ministros de la Defensa y Justicia y Seguridad, para conocer detalles del trabajo antipandillas.
También se anunciaron reuniones con el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el director de policía, Mauricio Arriaza Chicas.
Bullrich “está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador, que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios cada 100 mil habitantes, pasó a tener 2 cada 100 mil”, se informó.
Su llegada, programada para la noche de este sábado, ocurre solo 2 semanas después que Milei estuvo en El Salvador para la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Bukele. Ambos mandatarios conversaron en un encuentro “muy esperado”, debido a la popularidad de ambos en la región.
La guerra contra las pandillas, que le ha permitido al gobierno de El Salvador encarcelar a casi 80,000 de sus miembros y reducir drásticamente la criminalidad, tiene como uno de sus ejes un régimen de excepción desde finales de 2022, que permite arrestos sin órdenes judiciales o fiscales. Este es fuertemente criticado por organismos defensores de derechos humanos, que lo consideran arbitrario. Según las denuncias, al menos 300 prisioneros han fallecido por torturas o falta de atención médica.