Fue un crimen al más puro estilo narco: una emboscada perpetrada por hombres fuertemente armados contra un diputado, Julio César Portillo, que no dio tiempo a los guardaespaldas del funcionario legislativo de reaccionar. El congresista y 3 de los miembros de seguridad, todos policías, murieron en el atentado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala, este viernes. El crimen vuelve a poner la región en el ojo del huracán, algo que no es nuevo, porque esa es tierra de traficantes de droga y la violencia, donde también los escándalos, están a la orden del día.
El ataque contra el legislador se suma a otros episodios graves registrados durante 2026. Entre ellos figuran una masacre en Huité y la polémica por una lujosa fiesta familiar de la alcaldesa de Zacapa.
Detrás de estos acontecimientos aparece un territorio estratégico para el narcotráfico. Allí operan estructuras criminales vinculadas históricamente con el Clan Lorenzana y redes relacionadas con carteles internacionales.
Una emboscada que reavivó las alarmas
Portillo, integrante de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), viajaba por Río Hondo cuando hombres armados interceptaron su vehículo.
Los atacantes dispararon contra la camioneta, cerca de una estación policial. Tres agentes que acompañaban al diputado murieron en el lugar.
El legislador sufrió heridas graves y murió horas después en un hospital.
Tras el atentado surgieron versiones extraoficiales sobre posibles amenazas atribuidas a Haroldo Jeremías Lorenzana, conocido como Haroldito. Sin embargo, las autoridades no han confirmado una relación entre esos señalamientos y el asesinato.
El caso también puso nuevamente la atención sobre la seguridad de los funcionarios públicos en una región donde las estructuras criminales mantienen presencia.
Huité y una masacre que provocó cambios militares
Dos meses antes, el 27 de septiembre, una incursión armada en Huité dejó ocho personas muertas. Las autoridades atribuyeron el episodio a disputas entre estructuras del crimen organizado.
El caso generó cuestionamientos por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Videos y testimonios mostraron a hombres armados con vestimenta táctica y vehículos Jeep J8.
El Ministerio de la Defensa reconoció que esos vehículos pertenecían al Ejército. Sin embargo, sostuvo que sus unidades llegaron al área después del ataque.
La polémica provocó pronunciamientos de organizaciones como Human Rights Watch y WOLA. Posteriormente, el Gobierno destituyó al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa.
Además, el presidente Bernardo Arévalo puso a disposición de la Fiscalía a un centenar de soldados para facilitar las investigaciones.
La sombra del Clan Lorenzana sobre la región
Zacapa forma parte de la Ruta del Atlántico, un corredor estratégico para el transporte de mercancías y el tránsito hacia Honduras.
Su ubicación también favorece las rutas utilizadas para trasladar drogas, armas y dinero. Durante décadas, estructuras locales han disputado el control de estos corredores.
Entre ellas destaca el Clan Lorenzana, vinculado con organizaciones internacionales del narcotráfico. La familia ha mantenido presencia en el oriente guatemalteco.
Haroldo Jeremías Lorenzana, alias Haroldito, figura entre los nombres asociados a esa estructura. Estados Unidos lo requiere por señalamientos relacionados con el crimen organizado.
Los municipios de Huité, Teculután y Gualán también han registrado balaceras e incursiones armadas. Informes de seguridad relacionan varios episodios con disputas entre grupos criminales y operaciones de las autoridades.
Una fiesta millonaria desató otro escándalo
A finales de octubre, Zacapa volvió a ocupar titulares por una celebración de 15 años que generó polémica nacional e internacional.
La fiesta correspondió a la hija de la alcaldesa Karen Xiomara Ovalle Madrid. La celebración incluyó carrozas, caballos, limusinas, pirotecnia y vestidos de alta costura.
La embajada de Estados Unidos calificó el evento como una “narcofiesta” y exigió tolerancia cero frente a la narcopolítica.
La controversia también puso bajo escrutinio al entorno familiar de la alcaldesa. Su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como El Gordo, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una “narcoquinceañera” de lujo valorada en millones.
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 30, 2026
Además, Haroldito Lorenzana es cuñado de la funcionaria y requerido por la justicia estadounidense.
Los señalamientos reavivaron el debate sobre los posibles vínculos entre estructuras criminales y sectores del poder local.
Se estima que la fiesta costó al menos $2.5 millones.
Homicidios y antecedentes de violencia
Los ataques de alto impacto se suman a una violencia persistente en varios municipios de Zacapa. La cabecera departamental, Gualán y La Unión figuran entre las zonas afectadas.
Al menos 145 los homicidios fueron registrados durante 2025. Para 2026, los cálculos disponibles apuntan a entre 95 y 105 casos hasta el tercer trimestre.
Estas cifras muestran la dimensión del problema que enfrenta el departamento.
La violencia también ha alcanzado a mujeres y menores de edad. Informes policiales y forenses documentan víctimas en ataques armados y tiroteos.
El departamento arrastra, además, antecedentes de violencia vinculada con carteles internacionales. En marzo de 2008, una masacre en el balneario Agua Caliente, en Río Hondo, dejó 11 muertos.
El enfrentamiento involucró a integrantes del cartel del Golfo y Los Zetas, así como al grupo de Juan José León, conocido como El Juancho.
Años después, Zacapa continúa bajo la presión del narcotráfico y las disputas por el control territorial. El asesinato de Portillo y los tres policías volvió a evidenciar esa situación.
