La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha experimentado un deterioro significativo desde el año pasado, con un notable aumento en casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra Pueblos Indígenas, según un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe, que cubre el período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023, se basa en 120 entrevistas con víctimas y testigos, así como en reuniones con representantes de la sociedad civil y análisis de documentos gubernamentales y de ONG.
Detalla una intensificación de la represión contra opositores al gobierno y voces disidentes, que se ha extendido a cualquier entidad que actúe de manera independiente o no esté bajo control gubernamental, incluidos defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
De acuerdo con el informe, en mayo de 2024 había 131 personas bajo detención arbitraria, un aumento significativo respecto a las 54 detenidas en junio del año anterior.
“@volker_turk, chef de @UNHumanRights appelle le gouvernement du #Nicaragua à « changer d’urgence de trajectoire » (…) Il est essentiel que le droit à la participation politique soit pleinement respecté pour que les Nicaraguayens puissent décider de l’avenir de leur pays” pic.twitter.com/VrPE1RVemo
— ONU Genève (@ONUGeneve) September 3, 2024
Además, se produjeron al menos 10 nuevas detenciones arbitrarias en junio y julio de 2024. Entre los casos destacados, se menciona el arresto en octubre de 2023 de un hombre de 70 años en Matagalpa, condenado a siete años de prisión en un proceso sin garantías de juicio justo tras criticar al gobierno.
También se reporta la desaparición de un académico desde el 20 de noviembre de 2023, detenido en Managua tras una crítica al gobierno en redes sociales. El informe documenta 12 casos de tortura y malos tratos, incluyendo violación, abuso sexual y descargas eléctricas.
Además, el informe destaca la violencia contra los Pueblos Indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, con al menos dos asesinatos perpetrados por colonos en un contexto de impunidad generalizada. Las restricciones a la libertad religiosa también se han intensificado, con la detención arbitraria de al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos entre octubre de 2023 y enero de 2024, y la expulsión de 31 clérigos.
El informe señala que más de 300 organizaciones, incluidas algunas que defendían los derechos de las mujeres, vieron revocada su personalidad jurídica durante el período evaluado. En agosto de 2024, otras 1,700 organizaciones fueron cerradas, elevando el total de organizaciones disueltas a más de 5,000 desde 2018.
Urge cambio de rumbo
Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, subrayó la necesidad urgente de un cambio de rumbo por parte del gobierno nicaragüense.
Türk instó a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, al respeto del derecho a un juicio justo y al restablecimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil.
“Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”, afirmó.
“Las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad. Es crucial que el derecho a la participación política se respete plenamente para que los nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”.