Oposición nicaragüense rechaza la terna propuesta por la dictadura de Ortega para la Secretaría General del SICA

Las tres candidatas son señaladas de ser partícipes de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Dos de las candidatas están sancionadas por Estados Unidos.

Edificio Sede del SICA en San Salvador.

La organización opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) rechazó este lunes de manera enérgica la terna propuesta por el régimen de Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), principal foro de integración de la región.

En una misiva dirigida a los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA, la organización expresa preocupación por la propuesta de tres figuras estrechamente vinculadas a la violación de derechos humanos bajo el régimen de Ortega.

Según la CDN, las tres candidatas —Sonia Castro, María Amelia Coronel y Arling Patricia Alonso— no cumplen con los estándares éticos ni con los valores que deberían guiar el trabajo en una institución regional como el SICA.

Antecedentes oscuros y sanciones internacionales

El comunicado subraya que estas candidatas han sido señaladas por organismos internacionales de derechos humanos y sancionadas por sus extendidas violaciones a los derechos humanos durante y después de las protestas antigubernamentales de 2018.

Dichas protestas en Nicaragua dejaron un saldo de más de 350 muertos, más de 4,000 heridos de bala, miles de detenidos y un enorme historial de crímenes de lesa humanidad.

Sonia Castro, exministra de Salud, fue acusada de ordenar que hospitales públicos negaran atención médica a opositores heridos, un acto que organismos internacionales califican como crimen de lesa humanidad.

María Amelia Coronel, actual ministra del Interior, ha estado al frente de la cancelación de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, incluidas universidades y entidades benéficas. Además, está en control del sistema penitenciario donde torturan, desaparecen y hasta han asesinado a presos políticos.

Finalmente, Arling Patricia Alonso, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ha promovido leyes represivas contra opositores y ciudadanos que disienten del régimen, razón por la cual fue incluida en la Lista Engel de Estados Unidos en 2023.

La CDN advirtió que la elección de alguna de estas figuras podría comprometer la integridad del SICA, una institución creada en 1991 bajo el Protocolo de Tegucigalpa con el objetivo de promover la integración, paz y democracia en Centroamérica.

“Ninguna de las candidatas propuestas tiene la capacidad de suscribir acuerdos de cooperación financiera a favor del SICA, y su elección pondría en riesgo el desempeño de la Secretaría General”, subraya la carta.

Sonia Castro, Arling Patricia Orozco y María Amelia Coronel, las nuevas candidatas de la dictadura nicaragüense al SICA.

Riesgo de injerencia extranjera

Además de los antecedentes de derechos humanos, la Concertación Democrática también destacó que la presencia de cualquier representante vinculado al régimen de Ortega podría alinear al SICA con los intereses de países como Rusia y China, con los que la dictadura de Nicaragua ha estrechado lazos en los últimos años.

Esto, según la CDN, podría aumentar las tensiones en una región que debe mantenerse neutral ante conflictos globales, en un contexto internacional cada vez más polarizado.

Propuesta de la oposición: un liderazgo acorde a los principios del SICA

La organización concluyó su comunicado exhortando a los gobiernos centroamericanos a no validar las candidaturas presentadas por el régimen de Ortega, y a elegir un liderazgo en el SICA que se apegue a los principios del Protocolo de Tegucigalpa y respete los derechos humanos.

Según la organización, existen miles de nicaragüenses con “sobrada capacidad y méritos” para ocupar el cargo de Secretario General, sin necesidad de recurrir a personas con un historial represivo.

La decisión de los ministros de Relaciones Exteriores será clave para definir el futuro liderazgo del SICA, una institución que en los últimos años ha sido criticada por su falta de posicionamiento claro ante las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.

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