Mientras los gobiernos de Guatemala y México caminan con los planes para la asistencia humanitaria de por lo menos 600 chiapanecos que huyeron de sus hogares para buscar refugio en Cuilco, Huehuetenango, en el país centroamericano, las causas que provocaron su migración forzada siguen intactas: la violencia entre dos de los más sangrientos cárteles de las drogas.
El lunes se reportó un nuevo ataque en una comunidad, con drones cargados de explosivos.
Además, unos 600 pobladores fueron obligados a participar en los bloqueos de carreteras, mientras las autoridades mexicanas han demostrado que no tienen capacidad para controlar un problema muy grave.
Los cárteles, que pelean la plaza para poder controlar el paso de droga y armas, entre otros ilícitos.
El cártel de Sinaloa, una de las sangrientas bandas involucradas en la guerra, ha montado controles de “peaje” en el que le cobran a quienes huyen hasta $200 por dejarlos pasar en la frontera de Talismán. El cobro también es para los guatemaltecos que pasan a México.
El cártel Juárez Nueva Generación es la otra banda criminal que pelea por el control territorial.
Entre los 2 países hay 8 cruces fronterizos formales, pero muchos puntos ciegos en una línea divisoria de más de 900 kilómetros.
El gobierno mexicano prometió instalar en Cuilco, Guatemala, un comedor y atender las necesidades de los desplazados. Hasta este martes no se había cumplido.
Hace 15 días comenzó el flujo de los migrantes forzados, un fenómeno sin precedentes porque históricamente han sido los guatemaltecos los que huyeron hacia el país norteamericano.
