La parte querellante de un proceso por presunta administración fraudulenta de $1,284,274.39 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador reactivar las gestiones de extradición desde Guatemala de tres acusados, requeridos por un tribunal salvadoreño para responder por supuestas irregularidades financieras en dos empresas del sector de telecomunicaciones.
Los procesados son Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, contra quienes el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó detención provisional y giró órdenes de captura. Los tres son señalados dentro de una investigación relacionada con desembolsos presuntamente injustificados efectuados entre 2016 y 2020.
La petición fue presentada por el abogado José Oswaldo Domínguez Cuéllar, querellante en representación de las sociedades Maintenance & Services, S. A. de C. V., y Tierras Nacionales, Limitada de Capital Variable. El documento ingresó a la Fiscalía salvadoreña el 26 de agosto de 2026, con el argumento de que habían concluido procedimientos judiciales en Guatemala que impedían continuar con las extradiciones. Por ello, solicitó la intervención de la Unidad de Asuntos Internacionales de la institución.
Fraude supera los $1.2 millones
La investigación fiscal comprende supuestos pagos irregulares por $1,284,274.39, registrados bajo conceptos de viáticos y comisiones durante un período de cuatro años, entre 2016 y 2020. Según la acusación, estos desembolsos fueron presentados como gastos derivados de funciones administrativas y ejecutivas, aunque presuntamente no contaban con los respaldos necesarios para justificar su utilización.
El proceso judicial involucra a siete personas, entre ellas Berger, Umaña y Echeverría, y tiene antecedentes públicos desde febrero de 2024. En mayo de 2026, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la detención provisional de los tres acusados después de que no comparecieran a una audiencia especial de revisión de medidas, lo que dio paso a las órdenes de captura.
Mientras la querella salvadoreña busca reactivar las extradiciones, un proceso judicial en Guatemala registró un aplazamiento de 105 días. Una audiencia programada inicialmente para el 5 de octubre de 2026 fue trasladada al 18 de enero de 2027, después de que la defensa de Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes presentara una excusa médica para justificar su inasistencia.
La documentación fue entregada el 1 de octubre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. La representación legal de Echeverría solicitó suspender la diligencia y señalar una nueva fecha posterior a su recuperación.
Sin embargo, el certificado médico establecía reposo únicamente hasta el 15 de octubre, mientras que el tribunal fijó la audiencia para enero de 2027, sin detallar las razones para establecerla tres meses después del vencimiento de la incapacidad.
El proceso guatemalteco también involucra a Marisabel Umaña Velásquez, contra quien, al igual que Echeverría, un tribunal había ordenado prisión preventiva por señalamientos relacionados con fraude y extracción irregular de información corporativa.
A estas actuaciones se suma un amparo que, según información proporcionada a esta redacción, los procesados promovieron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala contra el área internacional del Ministerio Público, con la intención de evitar sus capturas y detener los procedimientos de extradición. No obstante, no se dispone de una resolución que confirme si el recurso obtuvo protección provisional o suspendió alguna diligencia judicial.
Por ahora, la audiencia permanece programada para enero de 2027, mientras la parte querellante insiste en que la Fiscalía salvadoreña retome las gestiones para lograr que los tres acusados comparezcan ante la justicia de El Salvador.
