El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que quienes tengan delitos pendientes relacionados con su paso por maras o pandillas deberán responder ante la justicia, aunque ahora sean pastores o formen parte de una iglesia evangélica.
Oseguera reconoció que hay personas que abandonaron las pandillas y se rehabilitaron. “Puede que sean personas que ya se han retirado, pero si tienen consecuencias de delitos del pasado, muy seguramente van a pagar”, afirmó. También pidió a los pastores vigilar sus congregaciones para evitar que se utilicen como refugio.
Las declaraciones siguieron a 2 detenciones por presuntos nexos con la Pandilla 18 entre el 8 y el 9 de noviembre. Armando Josué Aguilar Cano fue arrestado durante un culto en la capital. Douglas Flores Silva, quien predicaba como pastor en Tatumbla, quedó bajo detención judicial por presunta asociación terrorista. Su audiencia inicial está prevista para el 17 de noviembre.
El expediente policial de Aguilar Cano registra una detención en 2019 por un caso de extorsión. Ambos detenidos tenían tatuajes alusivos a la Pandilla 18. La Policía indicó que esas marcas deben valorarse junto con otras pruebas.
Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, pidió que las detenciones se realicen fuera de los templos. El pastor Carlos Gerardo Cerrato denunció que las autoridades habrían usado un registro de unos 200 expandilleros para localizar a personas que luego detuvieron. Según Cerrato, las iglesias entregaron el listado a la Secretaría de Seguridad para solicitar apoyo a la reinserción.
La ley especial contra las maras y pandillas, vigente desde septiembre, estableció un régimen penitenciario de máxima seguridad para los reclusos identificados como miembros de esas estructuras. En su balance del 11 de noviembre, la Policía reportó 251 detenciones en el plan Escudo de Honduras, 145 por presunta asociación terrorista.
Una investigación publicada por Oxford University Press en 2011, basada en entrevistas con expandilleros de Honduras, Guatemala y El Salvador, documentó el papel de las congregaciones evangélicas y pentecostales. Para quienes dejaban las pandillas, las iglesias podían facilitar la búsqueda de empleo y la creación de redes de apoyo.