La Policía Nacional de Honduras aclaró que tener tatuajes no constituye un delito ni representa, por sí solo, un motivo de detención. La institución hizo la precisión ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre supuestas capturas por llevar dibujos o marcas en la piel.
En un mensaje público, la corporación policial explicó que los tatuajes artísticos, decorativos y emocionales no están sujetos a persecución penal.
Entre los ejemplos mencionó figuras como mariposas y fechas de nacimiento de familiares. Además, descartó que los diseños personales constituyan motivos para detener a una persona.
Sin embargo, la institución señaló que las marcas corporales pueden adquirir valor como evidencia cuando presentan vínculos con estructuras criminales organizadas.
Peritajes determinarán el vínculo con pandillas
La Policía explicó que el delito de asociación terrorista puede acreditarse mediante la pertenencia o integración a estas organizaciones.
Para ello, las autoridades pueden considerar pigmentos en la piel, símbolos, signos y otras expresiones visuales relacionadas con maras, pandillas u otras estructuras criminales.
No obstante, la institución indicó que los tatuajes deben someterse a un peritaje técnico especializado o evaluarse mediante matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.
Aclaratoria sobre tatuajes decorativos o artísticos pic.twitter.com/elwroU4p9K
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 7, 2026
De acuerdo con la explicación policial, si un tatuaje presenta indicios de relación con una estructura criminal, los agentes pueden detener a la persona hasta por 48 horas para investigar.
Posteriormente, si el análisis técnico confirma el vínculo con una organización terrorista, la Policía pondrá al sospechoso a disposición de las autoridades competentes.
Reformas penales amplían las herramientas de investigación
La aclaración ocurre en medio de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras, que endurecieron las medidas contra las estructuras criminales.
Entre los cambios figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar un requerimiento fiscal ante un juez.
Además, las reformas contemplan penas de hasta 40 años de prisión para determinados delitos vinculados con organizaciones criminales, según la responsabilidad de los implicados.
Sin embargo, las nuevas herramientas también generan preocupación por posibles detenciones arbitrarias y señalamientos basados en la apariencia física.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar que los operativos deriven en discriminación.
Ante las dudas sobre los tatuajes, la Policía sostuvo que su lucha está dirigida contra las estructuras criminales y no contra los ciudadanos que llevan marcas corporales sin relación con actividades delictivas.
