El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó construir 1,400 viviendas adicionales para las familias que perdieron sus hogares durante el terremoto del 9 de octubre de 2026. La medida eleva a 2,700 el total de casas previstas para los damnificados.
El mandatario anunció la decisión el martes 27 de octubre, durante una sesión del Consejo de Gabinete. El Gobierno prevé terminar algunas viviendas antes de finalizar 2026 y entregar las últimas en marzo de 2027.
Mientras avanzan las obras, las autoridades instalarán estructuras temporales junto a las casas en construcción. Estas ofrecerán mejores condiciones a las familias que esperan una solución habitacional definitiva.
Los bancos estatales financiarán a los contratistas
Mulino anunció que los fideicomisos del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros podrán financiar a los contratistas que participen en la reconstrucción.
Una mesa de trabajo integrada por ambas entidades, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial coordinará este mecanismo desde el 28 de octubre.
Además, la Contraloría General de la República incorporará equipos profesionales para agilizar los procesos y reforzar la vigilancia sobre los fondos destinados a la reconstrucción.
Cuatro provincias concentran los trabajos
Las labores abarcarán Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, las cuatro provincias más afectadas por el sismo. Sin embargo, el número de viviendas podría aumentar conforme concluyan las inspecciones de daños.
El Ministerio de Vivienda también apoyará la reparación de casas parcialmente dañadas. Los técnicos evaluarán cada inmueble para determinar las obras y los materiales necesarios para recuperar su habitabilidad.
Jóvenes participarán en la reconstrucción
El Gobierno incorporará a jóvenes de las zonas afectadas mediante el programa Mi Primer Empleo, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La iniciativa busca ofrecerles oportunidades laborales en la construcción de viviendas.
Mulino afirmó que la prioridad es acelerar la respuesta habitacional y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.