Una exfiscal anticorrupción guatemalteca está siendo procesada por “abuso de autoridad en forma continuada”, en un caso que es visto por activistas de derechos humanos como una venganza por sus denuncias contra actores corruptos de su país.
Virginia Laparra fue fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desmanteló redes de corrupción en ese país, incluso llevando a la destitución y posterior proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.
De ser condenada, Laparra podría enfrentar una pena de hasta nueve años de cárcel. Las denuncias contra la exfiscal han sido impulsadas por la Fundación Contra el Terrorismo la cual es financiada por militares, empresarios y políticos ultraderechistas, varios de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción y por entorpecer casos penales por violaciones a los derechos humanos.
Durante la audiencia del lunes, la abogada Wendy López, dijo que el caso es una criminalización contra Laparra por denunciar al exjuez Lesther Castellanos por filtración de información de casos en reserva y que las 35 líneas de acusación de la fiscalía guatemalteca “son falacias”.
Laparra, fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, y lleva más de nueve meses encarcelada, desde el 23 de febrero pasado.
“Virginia Laparra está siendo perseguida únicamente por el ejercicio independiente de su función como fiscal, por lo que Amnistía Internacional considera se trata de una presa de conciencia que debe ser liberada inmediata e incondicionalmente. Es intolerable que las más altas autoridades guatemaltecas hayan permitido la instrumentalización de este caso por partes de los detractores de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La persecución penal infundada de operadores de justicia que han tenido un rol destacado en esta lucha debe cesar de inmediato” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según la organización, después de una minuciosa revisión del expediente penal, “hemos constatado que la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra presenta serias deficiencias, además de múltiples irregularidades en el manejo del caso”.
“No solo no hay pruebas sólidas de que haya cometido delito alguno, sino que queda claro que los motivos señalados por el juzgado para rechazar sus solicitudes de continuar el proceso en libertad son arbitrarios”, subrayó Guevara Rosas.
La organización concluye que se han violado los derechos de la exfiscal Laparra a al debido proceso y un juicio justo, lo que además, constituye una detención arbitraria motivada por su labor de investigación de casos de corrupción.
