Tribunal panameño rechaza amparo para expresidente Martinelli

La defensa del exgobernante, condenado por blanqueo de capitales, había presentado un amparo por el caso “New Business”, pero fue rechazado por un tribunal superior.

Un tribunal superior panameño rechazó el amparo de garantías constitucionales presentado por los defensores del expresidente Ricardo Martinelli durante una audiencia celebrada el pasado 25 de mayo.

Martinelli, quien aspira a la presidencia de la República de Panamá para un segundo mandato, fue condenado el pasado 17 de julio a 10 años y ocho meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como “New Business”.

Los defensores del exmandatario presentaron el amparo por la decisión adoptada en la audiencia del 25 de mayo del 2023, en el expediente conocido como “New Business”

El juicio que lleva el caso de “New Business” inició el pasado 23 de mayo. El tercer día de la audiencia del proceso judicial (25 de mayo), los defensores del caso solicitaron a la jueza Marquínez, suspender el juicio por ausencia de varios testigos.

Tras cerrar la audiencia, los abogados defensores manifestaron su inquietud ante la jueza por la ausencia de los testigos protegidos y recordaron que la teoría del caso se basa en sus testimonios.

 Ante el caso del amparo, con la finalidad de notificar el fallo del tribunal, se ha fijado el presente edicto en un lugar visible de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia este 24 de julio, a las 3:00 p.m. y por un término de 5 días hábiles.

 El caso de “New Business”, fue identificada como una sociedad canasta empleada para recolectar fondos provenientes de contratos estatales administrados de forma irregular para la compra de un grupo editorial.

Además, la jueza Marquínez, asimismo impuso sanción a Martinelli con el pago de $19.2 millones como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa), mismo que adquirió en diciembre de 2010 a través de interpuestas personas con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.

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