El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Costa Rica ejecutaron el miércoles 22 allanamientos como parte de una investigación por presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico, que habría sido utilizado para financiar conciertos y otras actividades económicas. Entre los detenidos figuran los reconocidos productores de espectáculos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, investigados por recibir inversiones de una supuesta organización criminal.
La operación, denominada “Éxodo”, permitió identificar movimientos de al menos $859,000 destinados a la organización de dos conciertos y un evento masivo realizados entre 2024 y 2025, según las autoridades judiciales. Los investigadores buscan establecer si estos recursos fueron utilizados para introducir ganancias ilícitas en actividades comerciales aparentemente legales.
El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación está relacionada con una estructura presuntamente vinculada al narcotráfico, encabezada por un hombre de apellido Vargas, conocido como alias “Sobrino”, quien fue detenido en enero de 2025 durante una operación denominada “Granero”. Las pesquisas sobre esta organización comenzaron en 2021 y abarcan diferentes actividades económicas.
Entre los principales investigados aparecen Stockwell y Benavides Barboza,, quienes habrían recibido recursos de la organización para financiar espectáculos con artistas internacionales. Las autoridades también reportaron la detención de la esposa de Barboza. Los informes proporcionados sobre el operativo mencionan entre 18 y 20 personas detenidas durante las diligencias judiciales.
“Son eventos del 2024 y 2025 donde estas personas, tanto Barboza como Stockwell, tuvieron participación en esas actividades y recibieron inversión económica de parte del grupo de alias Sobrino”, explicó Soto, al referirse a los movimientos financieros que se encuentran bajo investigación.
El funcionario aclaró que los artistas internacionales que participaron en los espectáculos investigados no tienen ninguna relación con el supuesto lavado de dinero ni conocimiento sobre el origen de los recursos. Por esa razón, el OIJ decidió no revelar oficialmente los nombres de los cantantes vinculados con las actividades que forman parte de las pesquisas.
Entre los espectáculos mencionados en la información sobre el caso figuran las presentaciones de Ricardo Montaner, en noviembre de 2023; Nitro Circus, en enero de 2024; y Aventura, en octubre de 2024. Sin embargo, las autoridades no identificaron públicamente los conciertos específicos que habrían recibido los fondos investigados, por lo que no se ha establecido oficialmente cuáles de esos eventos forman parte de las operaciones financieras señaladas.
Las detenciones también generan incertidumbre sobre dos conciertos que ya tienen entradas a la venta en Costa Rica. Uno corresponde al rapero estadounidense Snoop Dogg, programado para el 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, bajo la producción de Stockwell. El otro es el espectáculo del cantante Beéle, previsto para el sábado 17 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en Parque Viva, organizado por H Barboza Producciones.
Otras actividades en la mira
La investigación judicial también comprende otras actividades que la organización habría utilizado para movilizar dinero, entre ellas inversiones inmobiliarias, comercialización de ganado, lotería clandestina, extorsiones, préstamos conocidos como “gota a gota” y extracción ilegal de oro.
El OIJ investiga particularmente el posible traslado de oro hacia Estados Unidos, incluido material que podría proceder de la minería ilegal de Crucitas y que habría sido mezclado con otros metales antes de su fundición y exportación.
Los allanamientos se desarrollaron en sectores como Curridabat, Tibás, Granadilla y Cristo Rey, además de localidades de Heredia, Cartago y San Carlos. Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron cerca de 10 vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y dinero en efectivo cuya cantidad todavía no había sido contabilizada. Asimismo, la investigación contempla bienes valorados en aproximadamente $1.5 millones.
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que el objetivo de la operación no se limita a capturar a los presuntos integrantes de la estructura criminal, sino también a debilitar sus fuentes de financiamiento y evitar la continuidad de sus operaciones.
“Nos interesa mucho la parte de legitimación de capitales y sobre todo también la persistencia criminal”, explicó Díaz.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen de los fondos, las responsabilidades individuales y el alcance económico de la organización.
