El gobierno panameño aún no decide el futuro para el concentrado de cobre a cielo abierto que quedó a la deriva tras el cierre del yacimiento de la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
Jorge Rivera Staff, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, aseguró que la decisión se tomará antes de que concluya la Administración de Laurentino Cortizo en julio de 2024, pero aclaró que el debate actual es identificar quién es el dueño del cobre en la mina de Donoso, si el Estado o Minera Panamá.
“Aquí la clave está en que el gobierno pueda demostrar quién es el propietario y cuánto se extrajeron”, dijo el funcionario en una entrevista, en la que aclaró que si el cobre se obtuvo durante el mes que estuvo vigente la prórroga del contrato, pertenecen al Estado panameño.
La empresa tenía la concesión de explotación del yacimiento más grande de Centroamérica hasta que el 27 de noviembre de 2023; sin embargo, después de más de un mes de masivas manifestaciones, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato, que obligó a la minera a cerrar la operación inmediatamente y quedaron más de 130,000 toneladas de cobre sin procesar. Este volumen representa cerca de $200 millones.
Por su parte, la empresa ha pedido al gobierno panameño la autorización para exportar el cobre, alegando que su almacenamiento prolongado es un riesgo ambiental y para la salud de las personas por la emisión de gases contaminantes, según un comunicado emitido el 4 de abril de 2024.
Minera Panamá asegura que el plan de preservación y gestión del yacimiento implica un gasto mensual de hasta $20 millones.
La empresa también presentó el 3 de abril pasado al Ministerio de Ambiente la garantía para hacer frente a los pasivos ambientales, por más de $157.2 millones y con vigencia hasta 2029.