El juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos facilitar el retorno inmediato de un migrante guatemalteco deportado de manera ilegal, tras considerar que su expulsión violó gravemente el debido proceso.
Identificado como O.C.G. en documentos judiciales, el hombre fue trasladado a México, a pesar de haber recibido protección migratoria por parte de un juez de inmigración que concluyó que enfrentaría persecución o tortura si regresaba a Guatemala, debido a su orientación sexual.
“El caso no presenta circunstancias especiales, solo el horror banal de un hombre erróneamente enviado a un país donde fue violado y secuestrado”, escribió el juez Murphy en su resolución de 14 páginas, calificando como “preocupante” la actuación de la administración.
O.C.G. declaró que desde su regreso a Guatemala ha vivido en constante pánico. “He estado escondido por más de dos meses”, indicó en una declaración jurada. El migrante fue deportado pese a que el Departamento de Justicia inicialmente afirmó —de forma errónea— que no tenía temor de ser enviado a México, declaración que fue retractada.
El magistrado también reprendió a la administración por divulgar el nombre completo del migrante, violando una orden previa que establecía el uso de seudónimos. La sentencia ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomar “todas las medidas necesarias” para facilitar su retorno y presentar un informe en cinco días.
Este fallo es el tercero que obliga a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revertir una deportación indebida. Casos similares incluyen el de Kilmar Abrego García y el de un joven identificado como “Cristian”, deportado a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Organizaciones como el National Immigration Litigation Alliance, Northwest Immigrant Rights Project y Human Rights First representan legalmente a O.C.G., y afirman que su caso es ejemplo de violaciones sistemáticas a los derechos de migrantes.
“La Corte espera que los acusados tomen al menos el mismo nivel de acción que se realiza rutinariamente para retornar a extranjeros removidos legalmente”, concluyó el juez Murphy.
