El salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación por error se convirtió en símbolo de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuará encarcelado mientras se resuelve si, al ser liberado, podría ser deportado de inmediato por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ábrego ha estado bajo custodia desde el 7 de junio, tras ser retornado a Estados Unidos. Enfrenta dos cargos federales por supuesto tráfico de personas, acusación que su defensa considera un intento de justificar su deportación previa a un centro de máxima seguridad en El Salvador.
Aunque la jueza federal Barbara Holmes falló a su favor y autorizó su liberación bajo condiciones específicas, como residir con su hermano, su equipo legal alertó que ICE podría detenerlo de inmediato y deportarlo antes de que el proceso judicial avance.
Durante la audiencia del miércoles, Holmes expresó dudas sobre su autoridad para frenar una posible deportación, señalando que su jurisdicción no se extiende al Departamento de Seguridad Nacional, al cual pertenece ICE. “No tengo reservas para dirigir al fiscal local, pero no creo tener autoridad sobre ICE”, afirmó.
El fiscal federal interino Rob McGuire indicó que hará “todo lo posible” para evitar la deportación de Ábrego, aunque admitió que ICE es una agencia independiente con liderazgo propio. En respuesta, el abogado defensor Sean Hecker subrayó que tanto el Departamento de Justicia como Seguridad Nacional dependen del Ejecutivo y han cooperado en casos similares.
El juez de distrito Waverly D. Crenshaw, Jr. rechazó una solicitud del gobierno para frenar la orden de liberación, calificando el caso como una situación “creada completamente por el propio Gobierno”. Crenshaw permitió sin embargo que los fiscales presenten una moción para revocar la liberación, con una audiencia probatoria programada para el 16 de julio.
Ábrego se declaró no culpable el 13 de junio. Los cargos se derivan de una parada de tránsito en 2022 en Tennessee, donde conducía un vehículo con nueve pasajeros. No fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional sino hasta abril de este año.
Aunque un juez de inmigración dictaminó que Ábrego enfrenta una amenaza creíble por parte de pandillas en El Salvador, lo que impediría su deportación a ese país, las autoridades estadounidenses aún podrían enviarlo a un tercer país dispuesto a recibirlo.
Jennifer Vásquez Sura, esposa del migrante, declaró que su familia lleva 106 días separada por lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por la administración Trump.
“Kilmar se ha perdido cumpleaños, graduaciones y el Día del Padre. Hoy se pierde nuestro aniversario de bodas”, expresó, al tiempo que reiteró que “nunca debieron apartarlo de nosotros”.
