El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este jueves que ha presentado una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, en el Tribunal de Distrito de Columbia, Estados Unidos.
La denuncia incluye cargos por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación de mercado, interferencia ilícita y violación de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).
El BCIE, en su comunicado, subrayó que la acción legal responde a su compromiso con los más altos estándares de integridad y ética.
Según la demanda, Mossi habría estructurado un esquema ilegal que incluyó múltiples violaciones a las políticas internas del Banco, afectando su transparencia y buena gestión.
Para este proceso, el BCIE ha contratado a la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP, con los letrados Anne Champion y Robert Giannattasio a la cabeza, quienes representarán al Banco en esta compleja acción judicial.
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El banquero de los dictadores
Dante Mossi dejó la presidencia del BCIE en medio de fuertes críticas sobre su rol como financista de gobiernos autoritarios, particularmente la dictadura de Nicaragua.
Durante su mandato, el BCIE fue señalado por otorgar préstamos millonarios que facilitaron la consolidación de regímenes autocráticos en la región, lo que generó controversia y acusaciones de que el Banco había actuado sin la debida transparencia en algunos de estos acuerdos.
Mossi, quien presidió la institución desde 2018 hasta su humillante salida en 2024, defendió en su momento las acciones del BCIE, argumentando que los proyectos financiados promovían el desarrollo y la estabilidad económica en Centroamérica sin detenerse en las violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, las crecientes denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos sugirieron que dichos fondos servían para mantener a flote a gobiernos que violan los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
Esta demanda marca un giro en la gestión del BCIE, que busca distanciarse de las acusaciones de financiamiento a regímenes autocráticos y subrayar su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas internacionales.
Mossi exige una indemnización de $2.3 millones, calculado con base a 10 años de servicios profesionales y la querella la inició por un reparo de $6,000 que le hicieron durante su gestión y que él considera “injusta” y que al hacerse pública, lesionaron su imagen y prestigio profesional.
¿Qué es la ley RICO en EE. UU.?
La Ley RICO es una legislación federal estadounidense aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado y la mafia. Sus principales características son:
Permite procesar a personas por pertenecer a organizaciones criminales, incluso si solo han ordenado delitos, pero no los han ejecutado.
Si en un plazo de diez años, una persona ha cometido al menos dos de los 35 delitos contemplados, puede ser acusada de asociación ilícita.
Abarca delitos como asesinato, secuestro, extorsión, fraude, soborno, juego ilegal, entre otros.
Una condena por un solo cargo de RICO se castiga con hasta 20 años de prisión.
Historia de la Ley RICO
La Ley RICO se promulgó para dotar a las fuerzas de seguridad de instrumentos más eficaces para desmantelar las organizaciones delictivas. Su aplicación más famosa fue para desmantelar la mafia en Estados Unidos, permitiendo condenar a miembros clave de familias del crimen organizado.
Un caso notable fue la condena de John Gotti, jefe de la familia criminal Gambino, gracias a la presentación de múltiples delitos subyacentes que condujeron a su cadena perpetua. Esto puso de relieve la eficacia de la ley RICO para perseguir a los máximos dirigentes de la delincuencia organizada.
Rudy Giuliani, utilizó la ley RICO contra la mafia de Nueva York cuando era fiscal de distrito de Estados Unidos. Esto contribuyó a popularizar la norma a través de la televisión.