El Congreso Nacional de Honduras iniciará esta semana la discusión de un paquete de 87 propuestas de reformas electorales presentadas por organizaciones de la sociedad civil, junto con otras iniciativas legislativas que buscan fortalecer la transparencia de los comicios generales de 2029 y evitar que se repitan los problemas que marcaron las elecciones de 2025.
Entre los principales cambios planteados están la segunda vuelta presidencial, la incorporación de ciudadanos independientes a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), modificaciones al sistema de transmisión de resultados y nuevas disposiciones para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos.
La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado oficialista Antonio Rivera Callejas, tiene sobre la mesa tres iniciativas principales: un anteproyecto de 20 artículos presentado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano; una propuesta de más de 70 artículos elaborada por el diputado Flavio Nájera y exconsejeros del CNE; y un paquete de 87 reformas entregado el 25 de septiembre por la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales.
Esta última iniciativa fue elaborada por 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y REDH, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.
Las organizaciones civiles impulsan la celebración de una segunda ronda electoral cuando ningún candidato presidencial supere el 45 % de los votos o consiga una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre su principal adversario. La exrectora Julieta Castellanos y CESPAD consideran esta reforma «irrenunciable», aunque no fue incluida inicialmente en el proyecto presentado por Zambrano.
Otra iniciativa plantea que los diputados y alcaldes elegidos en 2029 ejerzan excepcionalmente durante dos años, para permitir la celebración de las primeras elecciones de medio término en 2031 y posteriormente restablecer los períodos de cuatro años.
Otra de las propuestas con mayor respaldo busca modificar la integración de las Juntas Receptoras de Votos, actualmente conformadas por representantes de los partidos políticos, para incorporar ciudadanos seleccionados aleatoriamente y representantes de la sociedad civil.
Las reformas pretenden impedir que se repita la parálisis institucional registrada en 2025, cuando el entonces partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) intentó frenar la declaratoria oficial que otorgaba el triunfo presidencial a Nasry Asfura. Entre las medidas propuestas están permitir que el pleno del CNE sesione con al menos dos consejeros propietarios, adoptar decisiones por mayoría en lugar de unanimidad, sancionar las ausencias injustificadas e incorporar a los suplentes como observadores. También se propone convertir la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en un sistema permanente del organismo, sin necesidad de contratar empresas externas en cada elección.
El paquete contempla separar las votaciones por nivel electivo, reducir el número de diputados y establecer distritos electorales para elegir a los congresistas. El objetivo es acercar la representación política a los territorios, aunque la reducción de escaños podría encontrar oposición entre los propios legisladores, pese a tratarse de una propuesta recurrente durante las campañas electorales.
Las organizaciones proponen además fortalecer la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que hasta ahora no aplicó sanciones, así como desclasificar los informes de aportaciones privadas a los partidos y establecer castigos por incumplimientos del calendario electoral. También se plantea implementar el voto anticipado para personas con discapacidad y eliminar el financiamiento estatal de las elecciones primarias, cuyo costo supera los 1,000 millones de lempiras, para que cada partido asuma la selección de sus candidatos.
Reformas necesitan 86 votos en el Congreso
El principal obstáculo para aprobar las modificaciones será alcanzar los acuerdos políticos necesarios entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional, integrado por 128 diputados. Tanto las reformas constitucionales como las modificaciones a la Ley Electoral requieren una mayoría calificada de 86 votos, cantidad que ninguna fuerza política reúne por sí sola.
El CNE solicitó que la discusión de las reformas se desarrolle durante este año, mientras que la comisión legislativa encargada del tema prevé instalar este mes una mesa técnica multipartidaria para revisar las propuestas y unificar los dictámenes artículo por artículo. Zambrano aseguró en entrevistas públicas que el propósito es llegar a las elecciones de 2029 «con reglas más claras, instituciones fortalecidas y mayores garantías».
La discusión ocurre después de las dificultades del proceso electoral de 2025, cuando las controversias sobre el funcionamiento de los organismos electorales, la transmisión de resultados y la declaratoria de los ganadores generaron preocupación por la alternancia en el poder y la estabilidad del orden constitucional. Las iniciativas buscan establecer mecanismos que impidan una nueva crisis institucional.
