El régimen del dictador Daniel Ortega presentó un audaz paquete de reformas a la polémica Ley de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza, ante la Asamblea Nacional.
Esta iniciativa, enviada con carácter urgente al Legislativo, busca intensificar el control sobre las redes sociales y medios digitales, y establece sanciones severas contra quienes, según el gobierno, intenten alterar la “tranquilidad y paz social” del país.
Las reformas propuestas tienen como objetivo ampliar el alcance de la ley para abordar delitos asociados con el uso de sistemas informáticos y redes sociales tanto dentro como fuera del territorio nacional. El régimen sostiene que estas medidas resultan esenciales para “fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización” de delitos cometidos a través de tecnologías de la información.
Asamblea Nacional aprueba la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. pic.twitter.com/5BARgJJbZe
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) September 11, 2024
En particular, el artículo 30 de la propuesta se destaca por sus rigurosas disposiciones sobre la difusión de información. El régimen establece penas de 3 a 5 años de prisión, junto con multas de trescientos a quinientos días, para aquellos que distribuyan o distorsionen noticias utilizando tecnologías de la información y redes sociales. Las sanciones se agravan de5 cinco a 10 años de prisión y multas de quinientos a 800 días si la información incita a la discriminación, odio, violencia o pone en riesgo la estabilidad económica y social del país.
Además, la ley también prevé penas severas para los colaboradores, cómplices y cualquier persona que facilite la comisión de estos delitos. El régimen anunció que las penas se incrementarán hasta en dos tercios para quienes organicen, financien, lleven a cabo, colaboren o faciliten la creación o difusión masiva de la información considerada subversiva.
Las reformas a la Ley Mordaza llegan en un contexto de creciente represión y control de los medios de comunicación y la sociedad civil bajo el régimen de Ortega.
Críticos acusan al gobierno de emplear estas leyes para silenciar a la oposición y restringir la libertad de expresión, en un momento en que el descontento social y las críticas a la administración de Ortega se han intensificado.
Las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han expresado su inquietud por el impacto de estas reformas en la libertad de prensa y la libre expresión en el país, advirtiendo que las nuevas leyes podrían resultar en un aumento en la persecución de voces disidentes y en el refuerzo de un clima de censura y represión.