Mano Dura. Suspensión de garantías constitucionales y hasta toques de queda. Esa es la oferta de la candidata presidencial del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, ante la ola de criminalidad que sufre Costa Rica.
Fernández, en un acto de presentación de su plan de gobierno dijo el viernes que, en caso de una escalada del sicariato o del crimen organizado, solicitará a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías individuales en zonas específicas del país.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios, y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales”, declaró en conferencia de prensa.
Durante la presentación de su plan de gobierno titulado “Más oportunidades, un mismo rumbo” —el cual promueve como continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves— Fernández expresó que está dispuesta a adoptar esta medida “en casos estrictamente necesarios”.
Fernández justificó su propuesta bajo un eventual escenario de incremento delictivo y explicó que, con base en inteligencia policial, podrían delimitarse zonas de máxima delincuencia para realizar operativos focalizados, sin que eso implique una afectación general a la población.
“Significa que si la cosa se pone muy fea, que Dios no lo permita, pero si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos maleantes de circulación”, agregó la candidata que hasta ahora lidera las encuestas de intención de voto.
Qué garantías podrían ser suspendidas
Aunque la candidata no especificó qué derechos se verían afectados, la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 121, contempla que la Asamblea Legislativa puede decretar la suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales por hasta 30 días, en caso de evidente necesidad pública, con el respaldo de al menos 38 votos.
Entre los derechos que podrían ser suspendidos figuran la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y secreto de las comunicaciones, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el acceso a información de interés público y la prohibición de detención sin indicios comprobados.
El artículo establece que las personas detenidas bajo esta medida deben ser recluidas en lugares distintos a los destinados para reos comunes. Además, el Gobierno está obligado a rendir cuentas ante el Congreso en su siguiente sesión sobre las medidas implementadas para restablecer el orden público.
El plan de gobierno de Fernández fue presentado con un fuerte respaldo visual a la figura del presidente Rodrigo Chaves, cuya silueta aparece en la portada del documento junto a la de la candidata y la de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
El proyecto ha generado debate, ya que Fernández ha sido señalada como cercana al modelo político chavista, al que defiende como base para una política de “orden y mano dura” contra el crimen.
