La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua mantiene al menos 72 personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, revelado este martes, que también denuncia graves condiciones carcelarias y restricciones en el acceso a servicios médicos.
El documento, que analiza el período comprendido entre el 1 de agosto y el 23 de octubre, registra la incorporación de 12 personas a la lista de presos políticos, ocho de ellas en septiembre y cuatro en octubre. De estos nuevos registros, diez corresponden a personas que continúan desaparecidas. El Mecanismo aclaró que las 72 personas documentadas representan una cifra mínima verificable, debido a que algunas familias evitan denunciar las detenciones por temor a represalias, amenazas o falta de información sobre sus familiares.
Entre las 33 personas en condición de desaparición forzada figuran 14 mujeres, incluidas dos menores de edad, ocho adultos mayores y siete integrantes o dirigentes de comunidades de la Costa Caribe.
El informe precisa que 24 desaparecidos cuentan con identidades públicas, mientras que nueve permanecen bajo reserva por motivos de seguridad familiar. Las autoridades, según la documentación recopilada, no han proporcionado información oficial verificable sobre el paradero y las condiciones de salud de estas personas.
La situación de las mujeres detenidas constituye una de las principales preocupaciones del Mecanismo, que contabiliza 16 presas políticas, de las cuales 14 están desaparecidas. Entre los problemas de salud identificados figuran una paciente activa de cáncer de mama, Claudia Magaly Munguía Mayorga, diagnosticada con cáncer de pulmón durante 2026, y otra mujer con insuficiencia venosa, problemas circulatorios severos y hernias. La organización advierte que la incomunicación impide determinar si reciben los tratamientos médicos necesarios.
Presos políticos enfrentan enfermedades y falta de atención médica
El informe también documenta enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales, padecimientos prostáticos, afecciones hepáticas y dolores severos de columna entre los detenidos.
Al menos diez personas presentan problemas digestivos que les provocan dolores estomacales intensos, mientras que cinco reportan dolores testiculares o enfermedades relacionadas con la próstata. Entre los afectados se encuentran Jaime Enrique Navarrete Blandón y Marvin Vargas. Asimismo, Alain Piedra Hernández presenta dolor intenso en el pecho y malestar general, asociado con el agravamiento de enfermedades preexistentes durante su encarcelamiento.
Las condiciones de reclusión también generan preocupación por las denuncias de alimentos en mal estado, agua con sedimentos, temperaturas elevadas, ventilación insuficiente y restricciones para recibir luz solar.
El Mecanismo señala que algunos detenidos permanecen aislados bajo iluminación artificial durante las 24 horas, mientras que otros enfrentan limitaciones para comunicarse con sus familiares. Las solicitudes de atención especializada, incluso por problemas cardiovasculares y dolores agudos, no siempre reciben respuesta adecuada y, en determinados casos, la asistencia se limita a analgésicos básicos.
Comunidades indígenas también figuran entre los afectados
La Costa Caribe concentra 20 personas incluidas en la lista de presos políticos, entre ellas ocho guardabosques, siete detenidos en el contexto posterior a la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera Bryan y cinco arrestados en otras circunstancias.
El informe identifica a dirigentes y autoridades indígenas que desempeñaban funciones de protección territorial, administración de tierras comunales y vigilancia ambiental en la Reserva de Biósfera de Bosawás. También recoge denuncias de confiscaciones, destrucción de propiedades y afectaciones a comunidades indígenas relacionadas con la detención de sus representantes.
El Mecanismo exigió la liberación inmediata de las 72 personas presas políticas y solicitó al Estado nicaragüense proporcionar información oficial sobre su paradero, presentar pruebas de vida y garantizar el contacto con familiares y representantes legales. También pidió atención médica integral y supervisión independiente de las condiciones penitenciarias.
La organización advirtió que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones de atención médica representan riesgos para la vida y la integridad de las personas bajo custodia estatal.