La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre para reunirse con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, y abordar asuntos de interés bilateral.
El Senado peruano autorizó el viaje tras la invitación extendida por Bukele. La visita contempla actividades en San Salvador y una visita a la megacárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinanmiento del terrorismo (Cecot) según informó el órgano legislativo peruano.
Las reuniones principales están previstas para el 29 y 30 de octubre. La agenda incluye un encuentro privado entre ambos presidentes y una reunión ampliada con ministros de Estado.
Seguridad, educación y salud centran la agenda
Durante su estancia, Fujimori también se reunirá con los titulares salvadoreños de Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.
Además, el Gobierno peruano autorizó el desplazamiento de los ministros de Salud, Luis Dyer, y del Interior, César Astudillo, como integrantes de la delegación oficial.
La resolución correspondiente también encargó temporalmente el despacho del Interior al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, durante la ausencia de Astudillo.
Fujimori ha expresado interés en las políticas de Bukele
La mandataria peruana ha manifestado en distintas ocasiones su admiración por las medidas impulsadas por Bukele, especialmente en seguridad y educación.
Asimismo, ha promovido iniciativas en Perú relacionadas con la seguridad y los centros escolares que presentan similitudes con algunas políticas aplicadas en El Salvador.
La visita permitirá conocer las experiencias salvadoreñas en estas áreas mediante reuniones con funcionarios responsables de su ejecución.
El Salvador recibe a dirigentes interesados en su modelo de seguridad
El encuentro se suma a las visitas de mandatarios y representantes extranjeros interesados en las políticas del Gobierno de Bukele.
La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales ejes de la gestión salvadoreña, que mantiene un régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Las medidas han reducido los homicidios registrados oficialmente, pero también han generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias y denuncias de abusos.