El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como “sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua” las reformas constitucionales aprobadas el viernes por la Asamblea Nacional a instancias de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Si se adoptan, estos cambios serán la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua, erosionando aún más los ya profundamente frágiles controles y equilibrios que aún quedan en el ejecutivo”, dijo Türk.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control absoluto de la dinastía Ortega-Murillo, aprobó el viernes una reforma constitucional que fortalece el poder de Rosario Murillo como “copresidenta” subordina los poderes del Estado al régimen. La nueva constitucion fortalece su monopolio sobre los medios de comunicación, extiende el mandato presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta, consolidando aún más el carácter dinástico del poder.
Las reformas restringen aún más el disfrute de los derechos a la libertad de expresión de las personas, tanto en contextos públicos como privados, con el argumento vago de “bienestar”.
Además, eliminan la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución, y se refieren únicamente al pluralismo social y cultural.
“La propuesta de despojar a la Constitución de su compromiso con el pluralismo político es una señal profundamente escalofriante de cara a las elecciones generales de 2026”, dijo el Alto Comisionado.
“Igualmente preocupante es la propuesta de eliminar la prohibición constitucional explícita de la tortura. La tortura es ilegal en cualquier contexto, y una medida tan retrógrada para eliminar la protección jurídica existente contra ella es profundamente alarmante”, subrayó.
Además, las reformas aumentan aún más los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía, una herramienta ya ampliamente utilizada de represión arbitraria contra los críticos y disidentes del Gobierno. Desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas. A algunos también se les ha despojado de sus bienes, incluidas propiedades, cuentas bancarias y pensiones.
“Insto firmemente a los legisladores a que rechacen en su totalidad las enmiendas propuestas y pido asimismo al Gobierno que abandone la aplicación de propuestas tan extremadamente preocupantes”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
