La fiebre del oro está transformando el norte de Costa Rica en una zona de extracción clandestina, deforestación y contrabando. En sectores como Crucitas y el cerro Conchuditas, grupos de mineros excavan la tierra y transportan sedimentos auríferos hacia Nicaragua, aprovechando los elevados precios internacionales del metal y las dificultades para vigilar la frontera.
La magnitud del problema quedó reflejada en las cifras presentadas en febrero de 2026 por el entonces ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora. Según el funcionario, la superficie afectada pasó de unas 900 a más de 3,000 hectáreas durante 2025, lo que representa un crecimiento superior al 230%. La expansión también alcanzó nuevas áreas boscosas, donde las autoridades denuncian graves daños ambientales.
El negocio ilegal también genera millonarias pérdidas económicas. Las autoridades costarricenses estiman que el oro extraído clandestinamente podría representar un saqueo superior a $250 millones anuales. En operativos realizados en el cerro Conchuditas fueron decomisados alrededor de 16 mil sacos de sedimentos, mientras las investigaciones apuntan al traslado de material hacia Nicaragua a través del río San Juan.
La crisis escaló al terreno diplomático el 23 de octubre, cuando la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica acusó a empresas mineras chinas establecidas en Nicaragua de aplicar prácticas abusivas contra pequeños productores. Washington sostiene que estas compañías obligan a vender el oro por debajo de su precio de mercado, lo que estaría empujando a más trabajadores nicaragüenses a cruzar ilegalmente la frontera para buscar el mineral.
China rechazó los señalamientos estadounidenses y aseguró que sus empresas no desarrollan actividades mineras en la zona fronteriza ni en sus alrededores. La representación diplomática china calificó las acusaciones de infundadas y acusó a Washington de intentar desacreditar su cooperación con Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respaldó públicamente la posición de Pekín.
La controversia ocurre en medio de una fuerte expansión del sector minero nicaragüense. Según la Fundación del Río, hasta junio de 2026 el régimen había concedido 84 lotes a 22 empresas de capital chino, que abarcan alrededor de 1,28 millones de hectáreas, equivalentes a casi el 10% del territorio nacional.
Además, el Banco Central de Nicaragua reportó exportaciones de oro por $1,971 millones en 2025, impulsadas principalmente por el incremento de los precios internacionales.
El impacto ambiental representa otra amenaza para ambos países. Investigaciones anteriores de la Universidad Nacional de Costa Rica detectaron contaminación por mercurio en muestras de agua, peces, plantas y sedimentos de Crucitas. Los especialistas advirtieron que las lluvias y la remoción de tierra pueden transportar este metal tóxico hacia el río San Juan, poniendo en riesgo los ecosistemas acuáticos y las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.
