La abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, cuestionó la respuesta estatal ante la sequía que afecta al Corredor Seco.
En un artículo de opinión, Castellanos sostuvo que la crisis dejó de ser un fenómeno excepcional. Según planteó, ahora representa un problema estructural que requiere cambios en las políticas públicas.
Una emergencia que se repite
Castellanos señaló que cada ciclo agrícola mantiene la incertidumbre entre familias campesinas. Los productores enfrentan pérdidas de maíz y frijol por la falta de agua y apoyo técnico.
Además, advirtió que la pérdida de cosechas tiene efectos directos sobre la población. Entre ellos mencionó el aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la migración.
La abogada cuestionó que las autoridades atribuyan la situación únicamente al cambio climático o al fenómeno de El Niño. A su juicio, la vulnerabilidad también surge de decisiones estatales acumuladas durante décadas.
DISCULPEN MI CASTELLANO
Dios proveerá… ¿y el Estado cuándo?
Gabriela Castellanos
AbogadaLa cosecha no se secó ayer; se viene secando desde hace décadas en las decisiones de quienes diseñan el presupuesto nacional. En las aldeas del Corredor Seco hondureño, la sequía dejó…
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) September 7, 2026
Seguridad alimentaria bajo presión
Castellanos afirmó que la crisis del Corredor Seco afecta a todo Honduras. La menor producción agrícola puede repercutir en los mercados y elevar el precio de los alimentos.
Por ello, consideró que la seguridad alimentaria no debe limitarse a las necesidades del sector rural. También señaló la contradicción de depender de granos importados mientras productores nacionales pierden sus cosechas.
Propuesta para enfrentar la sequía
Ante este escenario, Castellanos planteó abandonar el enfoque de emergencia temporal. En su lugar, propuso políticas permanentes para reducir la vulnerabilidad agrícola.
Entre sus propuestas incluyó mejorar la gestión del agua, adaptar los suelos y proteger las cuencas. También pidió mayor inversión en investigación agrícola y una revisión de las prioridades presupuestarias.
Finalmente, sostuvo que Honduras necesita abordar la sequía como un problema estructural. Según Castellanos, mantener respuestas temporales ante una crisis recurrente aumenta el impacto social sobre las comunidades afectadas.
La sequía de 2026 agravó la presión sobre la producción agrícola y ganadera en Honduras, especialmente en el Corredor Seco. El déficit de lluvias provocó pérdidas en cultivos de maíz y frijol, mientras la falta de pastizales y agua redujo la producción de leche y carne.
Además, la escasez alcanzó el suministro de agua potable en Tegucigalpa. Los bajos niveles de los embalses obligaron a reforzar los racionamientos, mientras las pérdidas en la red de distribución profundizan el problema. Más de 100 municipios están en alerta roja por los efectos de la sequía. Ante este escenario, el Gobierno activó planes de emergencia y gestiona recursos para infraestructura hídrica, producción agropecuaria y asistencia a las comunidades más afectadas.
