El gobierno de Estados Unidos publicará este miércoles en el Registro Federal una norma que acorta de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para responder a una notificación de cancelación de su estatus.
La medida endurece la revisión masiva de los casos aprobados durante la Administración de Joe Biden, que incluye a miles de nicaragüenses y centroamericanos reasentados entre 2023 y 2024.
La disposición es una norma final provisional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entra en vigor el mismo día de su publicación.
Se aplica cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) concluye que una persona no cumplía la definición legal de refugiado en el momento en que fue admitida en el país.
Según el texto, firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el cambio permitirá a la agencia “actuar con rapidez” en esos casos e iniciar antes los procesos de expulsión.
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¿Quiénes están expuestos?
La cancelación solo puede aplicarse a quienes conservan el estatus de refugiado y todavía no han obtenido la residencia permanente (green card) ni la ciudadanía.
El DHS calcula que el universo máximo ronda las 186,000 personas: refugiados que llegaron entre los años fiscales 2015 y 2025 y aún no han ajustado su estatus.
En ese grupo están muchos de los centroamericanos reasentados a través de Movilidad Segura.
La razón es que, desde noviembre de 2025, USCIS mantiene congeladas las solicitudes de residencia de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
La norma no afecta a quienes entraron con el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, conocido como CHNV, ni a quienes pidieron asilo dentro de Estados Unidos.
Ambas son figuras legales distintas y se ventilan en cortes de migración y centros de detenciones.
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¿Qué era Movilidad Segura?
El Gobierno de Biden lanzó la iniciativa Movilidad Segura en junio de 2023, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Su objetivo era ofrecer vías legales de entrada y frenar los viajes irregulares y masivos hacia la frontera con México.
Las oficinas se abrieron en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador, y cada una atendía a nacionalidades concretas.
En Costa Rica podían solicitar nicaragüenses y venezolanos que estuvieran en el país desde el 12 de junio de 2023. En Guatemala, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.
El programa canalizaba hacia varias vías, como el parole humanitario, la reunificación familiar o los visados de trabajo, pero su vía principal fue el reasentamiento como refugiado.
En el año fiscal 2024 llegaron a Estados Unidos 25.358 refugiados de América Latina y el Caribe, más de cuatro veces la cifra del año anterior. Las admisiones de nicaragüenses figuraron entre las que más crecieron.
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Los argumentos de USCIS
El DHS sostiene que, para alcanzar el tope anual de 125.000 refugiados fijado por Biden en el año fiscal 2024-2025, USCIS “priorizó la rapidez” sobre la verificación a fondo.
Según el texto, la agencia aumentó el número de entrevistas diarias por oficial, redujo la supervisión de los expedientes y desaconsejó preguntas adicionales sobre posibles riesgos de seguridad si no había indicios claros.
La norma critica en particular que los oficiales pudieran apoyarse en “perfiles” de información sobre el país de origen, como Venezuela y Nicaragua, para dar por probado el temor a la persecución.
En la práctica, segun USCIS, bastaba con que el solicitante afirmara pertenecer a un grupo, sin examinar su historia individual.
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El ejemplo que cita el documento es el de los venezolanos opositores al régimen de Maduro quienes, según Estados Unidos, no eran perseguidos políticos sino migrantes económicos.
El DHS cita también un episodio del otoño de 2024. Agentes fronterizos negaron la entrada a varios venezolanos que USCIS ya había aprobado como refugiados, al detectarles tatuajes asociados a la banda Tren de Aragua.
A raíz de aquel caso, USCIS revisó más de 14.500 expedientes de refugiados de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela admitidos entre 2021 y 2024, que sumaban más de 31.000 personas.
Halló más de 1.500 casos con “indicadores” de posibles riesgos para la seguridad pública, como tatuajes, vínculos con pandilleros o antecedentes penales.
Purga comenzó en 2025
La norma es la última pieza de una ofensiva contra los migrantes iniciada en noviembre de 2025.
Ese mes, el director de USCIS, Joseph Edlow, ordenó revisar y, en su caso, volver a entrevistar a todos los refugiados admitidos durante el Gobierno de Biden.
En enero de 2026, el DHS lanzó en Minnesota la Operación PARRIS, que vuelve a verificar los antecedentes y las solicitudes de refugio ya aprobadas.
Según el propio DHS, la agencia ya ha empezado a emitir notificaciones de cancelación y a, a la par, remitir los casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Miles en riesgos de deportación
Los refugiados que reciban una notificación de USCIS tendrá 10 días para presentar pruebas o pedir una entrevista. La notificación es una advertencia de que sus casos pueden ser revocados.
Si la carta llega por correo, el plazo sube a 13 días, porque se suman tres días por el envío. El plazo empieza a contar el día en que se envía la carta, no cuando se recibe, e incluye fines de semana y festivos.
Si la persona no responde a tiempo, pierde el estatus de forma automática y no puede apelar. Con el estatus pierde también el permiso de trabajo, y pasa a un proceso de expulsión con ICE.
La cancelación recae sobre el titular del caso, pero arrastra a su cónyuge y a sus hijos que hubiesen sido beneficiados.
El propio DHS admite en el texto que los afectados tendrán “menos tiempo para reunir pruebas” y preparar su defensa. Ese obstáculo puede pesar más en quienes necesiten documentos de su país de origen.
USCIS ya ha tenido en cuenta las acusaciones del Gobierno de Daniel Ortega al evaluar a solicitantes nicaragüenses.
En 2024 rechazó a través de Movilidad Segura al menos a 39 de los 135 presos políticos excarcelados y desterrados a Guatemala, en algunos casos por cargos que, según sus defensores, fueron fabricados por el régimen.
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El marco legal
La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a cancelar el estatus de un refugiado si se determina que “no lo era” en el momento de su admisión.
El procedimiento apenas había cambiado desde 1980, y el DHS reconoce que se usaba tan poco que no dispone de datos para analizarlo.
La agencia aprobó la norma sin consulta pública previa. Para ello invocó dos excepciones legales, la de “buena causa” y la de “asuntos exteriores”, aunque mantendrá abierto un periodo de 30 días para recibir comentarios.
Quienes pierdan el estatus podrán solicitar otras formas de protección, como el asilo, ante un juez de inmigración.
En paralelo, un tribunal federal de Massachusetts suspendió en marzo un memorando de ICE y USCIS que permitía detener a refugiados que llevaran más de un año en el país sin residencia permanente.
