El Vaticano suspendió la visita ad limina Apostolorum de los obispos nicaragüenses al papa León XIV, prevista para octubre, ante la falta de condiciones para celebrar el encuentro en un contexto de persecución contra la Iglesia católica, según fuentes eclesiásticas citadas por la prensa romana.
La reunión permitiría a los diez integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua informar al pontífice sobre la situación pastoral del país y abordar los desafíos que afrontan los religiosos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La visita estaba programada después del encuentro de los obispos de Honduras con León XIV, celebrado el 9 de octubre, y antes de la audiencia con los prelados panameños, que tuvo lugar el día 22, según medios católicos.
Sin embargo, la cita nicaragüense no se celebró. De acuerdo con la Santa Sede, «no había condiciones en este momento».
Lea más: Relatora de la ONU denuncia persecución religiosa en Nicaragua
Cuatro obispos en el exilio
La investigadora Martha Patricia Molina, que documenta la represión contra la Iglesia en Nicaragua desde 2019, atribuyó la suspensión a los riesgos que afrontan los obispos dentro y fuera del país.
Cuatro de los diez prelados nicaragüenses viven en el exilio: Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal; Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Siuna.
Molina advirtió de que reunirlos con los obispos que permanecen en Nicaragua podría aumentar el riesgo de que estos últimos tampoco pudieran regresar al país.
La visita ad limina incluye la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, audiencias con el papa y reuniones con los organismos de la Santa Sede.
El último encuentro de este tipo de los obispos nicaragüenses ocurrió el 18 de septiembre de 2017, durante el pontificado de Francisco.
Lea también: El Vaticano denuncia persecución religiosa en Nicaragua y alerta sobre crisis globales en la ONU
Represión desde las protestas de 2018
La tensión entre el régimen y la Iglesia se agravó durante las protestas de abril de 2018, cuando sacerdotes y obispos acogieron a manifestantes perseguidos por las fuerzas estatales.
Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado expulsiones de religiosos, confiscaciones de bienes e impedimentos para celebrar procesiones.
Según Molina, al menos 300 religiosos han salido al exilio y las autoridades han prohibido miles de actividades religiosas.
