Más de 1,500 abogados son aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la de Apelaciones en Guatemala, entre los que se encuentran algunos con cuestionados antecedentes y hasta sancionados por ser considerados corruptos y antidemocráticos.
El proceso de presentación de documentos comenzó el pasado 20 de agosto, después de varios retrasos que provocaron fuertes críticas y hasta la intervención de la Corte de Constitucionalidad que ordenó cumplir con los plazos establecidos en la ley.
En el listado de aspirantes está el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche, declarado no grato por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlo corrupto y antidemocráticos. Está también Cinthia Monterroso, también fiscal sancionada por gobiernos del mundo libre.
El listado incluye a jueces, comisionados, miembros del Ministerio Público, exfuncionarios de gobierno y abogados de bajo perfil público.
El presidente Bernardo Arévalo llamó este sábado a “los buenos abogados” a presentarse como pretendientes a magistrados, para competir en una elección que puede marcar diferencias en el combate a la corrupción en este país, donde las componendas se han institucionalizado y donde hay políticos presuntamente financiados por el narcotráfico.
La OEA ha observado el proceso y tras reclamos por los tropiezos en el mismo, esta semana aplaudió los avances mostrados.
Diferentes sectores sociales coinciden en que la corrupción en Guatemala ha galopado en gran medida gracias a jueces plegados a grupos de poder.
Aún falta la recepción de expedientes de los porpuestos por el Consejo de la Carrera Judicial, que tiene de plazo hasta el 30 de agosto. Para el resto de aspirantes el período cerró este sábado 24.