En un entorno empresarial global que busca cada vez más estabilidad y transparencia, Nicaragua se presenta como una notable excepción en América Latina.
Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el país centroamericano ha creado un clima de inversión altamente incierto y plagado de riesgos, según el reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión para 2024.
Suspensión de derechos civiles y represión sin fin
Desde la reelección de Ortega en 2021, asegurada mediante un fraude electoral generalizado y la encarcelación de opositores políticos, Nicaragua ha visto un deterioro significativo en el respeto por los derechos civiles y el estado de derecho.
La confiscación de propiedades privadas y la detención de presos políticos se han convertido en prácticas comunes, creando un ambiente impredecible para los inversores.
La situación se agrava con la expropiación de activos y la revocación del registro legal de más de 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales desempeñaban roles vitales en la educación, la salud y el medio ambiente.
Regulaciones arbitrarias y represión del sector privado
El régimen ha intensificado su represión sobre el sector privado. En 2023, 19 de las principales cámaras empresariales de Nicaragua vieron revocados sus registros legales y expropiados sus activos.
Este movimiento debilita la capacidad de las empresas para negociar y aumenta sus costos operativos al tener que tratar directamente con un gobierno autoritario.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional aprobó varias leyes represivas en 2020 que aumentaron las preocupaciones de los inversores.
Arbitrariedad fiscal y confiscaciones
El sistema fiscal nicaragüense también contribuye a la incertidumbre y el riesgo de los capitales.
Las autoridades fiscales han sido acusadas de realizar cobros de impuestos arbitrarios, confiscando propiedades y encarcelando a personas sin el debido proceso hasta que se paguen los impuestos exigidos. Las multas y las inspecciones aduaneras arbitrarias agravan las dificultades para las empresas que dependen de productos importados.
En 2024, el control del régimen sobre los espacios cívicos, políticos y económicos se ha intensificado aún más.
El Ministerio del Interior ahora tiene la autoridad para supervisar todos los eventos públicos, emitiendo sanciones por referencias “políticas” sin especificar qué constituye una infracción.
Este entorno restrictivo reduce significativamente la libertad de expresión y la capacidad de las empresas para operar con transparencia y previsibilidad.
Riesgo reputacional y financiero
El creciente autoritarismo del régimen Ortega-Murillo ha llevado a que casi todas las instituciones financieras internacionales dejen de emitir nuevos préstamos a Nicaragua y casi todos concluyen en 2025.
La estrecha relación del país con China y Rusia ha resultado en promesas de inversión y comercio, pero hasta ahora no se ha materializado ningún préstamo significativo.
Conclusión: no arriesgue su capital
A pesar de la represión y la creciente pobreza, Nicaragua sigue mostrando algunos fundamentos macroeconómicos estables, incluyendo reservas de divisas y un sector bancario bien capitalizado.
Sin embargo, el alto riesgo reputacional, las sanciones y las regulaciones arbitrarias hacen que la inversión en el país sea extremadamente arriesgada y altamente dependiente de las remesas de los migrantes.
En resumen, el Departamento de Estado advierte que los inversores deben ser extremadamente cautelosos a la hora de considerar Nicaragua como un destino de inversión.
La falta de transparencia, el incumplimiento del estado de derecho y las regulaciones arbitrarias crean un entorno de alto riesgo que podría tener graves repercusiones para los empresarios que decidan aventurarse en este mercado.