Honduras tiene uno de los mayores niveles de pobreza en vejez de la región latinoamericana, reveló un estudio sobre los sistemas de pensiones no contributivos, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El estudio revisa los sistemas previsionales de la región, donde dedica un capítulo para analizar el hondureño que, según el texto, es uno de los más recientes, pero que enfrenta diversos retos por la fragmentación de las diferentes instituciones, la insuficiente cobertura de la población trabajadora y el bajo nivel de las prestaciones.
Citando los datos del gobierno actualizados a 2021, la CEPAL señala que un 68 % de las personas de 65 años o más se encuentra en situación de pobreza, de las cuales un 34.5 % cae en el renglón de pobreza extrema.
Ese alto porcentaje podría explicarse porque un 69 % de las personas en este grupo etario no tiene pensión ni un ingreso laboral, por lo que dependen completamente de los aportes del resto de la familia.
Del 31 % restante, un 21 % continúa trabajando y solo un 10 % tiene una pensión por vejez o jubilación como fuente de ingreso, un porcentaje que corresponde al quintil más rico de Honduras.
“El sistema de pensiones hondureño se basa en un mercado laboral sumamente excluyente, caracterizado por escasas oportunidades de trabajo formal”, reseña el documento de la agencia de Naciones Unidas, que recuerda que solo un 19.8 % de la población económicamente activa era cotizante en 2022.
Propuesta de pensiones
La CEPAL estima que el bono demográfico de Honduras durará 76 años, uno de los más prolongados en la región, que concluiría pasando el año 2040. El país centroamericano se encuentra actualmente en una etapa de envejecimiento moderado, donde las personas de 65 años o más representarán un 4.7 % en 2025, una tasa que crecerá tres veces para 2060, cuando llegue a un 14.9 %.
En el documento se plantea que es momento de iniciar políticas públicas que permitan adaptar el modelo previsional a la nueva realidad demográfica. Según el análisis, el sistema de pensiones contributivo no es suficiente para reducir la pobreza de la población, ni garantiza una jubilación digna.
De esa manera, plantea dos escenarios. La propuesta incluye una pensión no contributiva de 1,500 lempiras (cerca de $60) ajustada a la inflación, una cifra cercana al promedio simple de los montos otorgados en Centroamérica y México. El documento plantea que, si en 2021 se hubiera entregado esta subvención, se hubiera cubierto un 50.3 % de la canasta básica urbana por persona en línea de pobreza.
En el primer escenario se propone otorgar una pensión no contributiva solo a las personas en situación de pobreza, iniciando con los hondureños en situaciones extremas mayores de 75 años, hasta cubrir de manera progresiva a todos los adultos de 65 años o más, entre 2025 y 2033.
El segundo se elimina la restricción de pobreza y se propone la entrega de una pensión a las personas que no tengan un ingreso previsional, pero se encuentren en la edad de jubilación, hasta cubrir en un horizonte de 15 años a la población de 65 años o más.
Según el análisis de la CEPAL, el costo de implementar el primer escenario sería gradual en cuatro períodos de gobierno. En el primero alcanzaría un 0.11 % del PIB en 2025, mientras que el segundo alcanzaría un 0.42 % en 2029, luego subiría a un 0.88 % en 2032 y a un 0.93 % en 2033.
El segundo escenario incluye un costo focalizado, pero aumenta el número de personas cubiertas. Iniciaría con un 0.07 % del PIB, hasta llegar a un 1.6 % del PIB para 2038.