La dictadura de Nicaragua, en un comunicado oficial, expresó su rechazo ante la decisión del Secretariado del Fondo Verde para el Clima de cancelar el financiamiento al Proyecto BIOCLIMA, estimado en 116.6 millones de dólares, señalando que esta cancelación es parte de “procesos y procedimientos no transparentes, no éticos, prácticas no éticas”.
El pasado jueves, el Fondo Verde para el Clima (GCF) anunció la rescisión del Acuerdo para el cual se destinarían 116.6 millones de dólares al régimen nicaragüense para su ejecución, justificando su decisión en el “incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”.
El comunicado del régimen sandinista dice que han sido “ejemplares y “consecuentes” con el reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades originarias y afrodescendientes, “alcanzando reconocimientos internacionales” en la demarcación de territorios indígenas.
La dictadura también denunció lo que describió como “medidas agresivas, coercitivas y unilaterales” por parte del Fondo Verde del Clima, y exigió que “se garanticen los recursos comprometidos por la Comunidad Internacional”.
En un tono de airado reclamo, la dictadura instó a movilizar estos recursos “para abordar los desafíos del cambio climático y proteger los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua”.
“Demandamos, exigimos, del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la Comunidad Internacional, y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua”, dice el comunicado, en el cual achacan “a los países ricos” las culpas del cambio climático y sus consecuencias.
El ambientalista Amaru Ruiz, exiliado por la persecución de la dictadura, rechazó las condiciones del reclamo de la dictadura y la responsabilizó por los desmanes ambientales en Nicaragua.
“El régimen Ortega-Murillo no ha velado por los pueblos indígenas y afrodescendientes, más bien permite la invasión, el desplazamiento, los asesinatos y persigue a los guardabosques comunitarios. Más bien quiere exterminarlos”, dijo en redes.
“El régimen y sus cómplices del Caribe, son los que más han saqueado y despojado de los recursos naturales a las comunidades. Algunos ejemplos son las empresas Alba Forestal, Concesiones Mineras, Ganadería, Palma Africana entre otros. En su período (2007-2024) han ocurrido los índices más alto de deforestación del país”, acusó.