Los legisladores costarricenses debaten una propuesta de ley del presidente Rodrigo Chaves que permitiría la extradición a terceros países de al menos 32 personas de nacionalidad tica.
Si bien la propuesta del presidente fue en abril pasado, esta semana se reactivó el debate con el análisis jurídico de la propuesta de ley.
Por extradición se interpreta la entrega formal de personas que son requeridas judicialmente de un Estado a otro.
En Costa Rica hay 32 reos reclamados por terceros países por delitos de crimen organizado y narcotráfico, los cuales serían extraditados de aprobarse la ley.
Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución Política establece que ningún nacional “podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
No obstante, el gobierno de Chaves propone la extradición de ciudadanos costarricenses cuando sean requeridos por otros países por los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, según el proyecto de ley activado esta semana por legisladores oficialistas.
El proyecto de ley contiene un único artículo, el cual reformaría el artículo 32 de la Constitución Política, que incluiría una salvedad que actualmente no figura en la Carta Magna.
En la exposición de motivos, los diputados de Progreso Social Democrático (PSD) explican que la globalización ha tenido el efecto negativo de “una floreciente criminalidad transnacional organizada que hinca sus raíces en los diferentes Estados”.
Para los diputados oficialistas, la prohibición de la extradición de costarricenses es “deficitaria”;, pues “son pocos los procesos penales llevados contra costarricenses que hayan sido requeridos en extradición por otros Estados”.
El ministro de seguridad, Mario Zamora, en defensa de la propuesta de ley, dijo que la reforma no reduce los derechos de los ciudadanos.
“El artículo 32 de la Constitución Política no se deroga, sino que se adiciona una excepción para permitir la extradición de costarricenses en los delitos propuestos en esta reforma, siguiendo el espíritu del constituyente originario”, concluye la exposición de motivos.
La Sala IV tiene jurisprudencia que ratifica la inconstitucionalidad de la extradición de ciudadanos costarricenses.
Por ejemplo, en una resolución de 2015 dijo que el país “tiene la prohibición absoluta de expulsar o extraditar a cualquier nacional”, y en otra de 1994 argumentó que tampoco pueda aplicarse a naturalizados.