Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga protección a ocho presos políticos de Nicaragua

En medio de un recrudecimiento de las acciones del régimen sandinista en contra de la Iglesia Católica y los opositores en general, la CIDH concede las medidas cautelares para prisioneros de la dictadura.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de 8 presos políticos de la dictadura de Nicaragua, según un comunicado de la organización este 4 de enero. 

Las personas protegidas son Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, JECW, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández, todos ellos presos y presas políticas de la dictadura sandinista.

Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la situación de represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo a la organización.

Según los solicitantes, estas personas han sido detenidas en un marco de persecución y criminalización del régimen sandinista hacia opositores y críticos, enfrentándose a condiciones inadecuadas de detención y sin acceso a atención médica necesaria, a pesar de sufrir diversas afectaciones de salud.

La CIDH, tras evaluar los hechos y argumentos legales presentados, determinó que estas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, corriendo el riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

Como resultado, la Comisión instó al Estado de Nicaragua a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios.

Además, llaman a asegurar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales, incluyendo la protección contra amenazas y agresiones, y el acceso a atención médica adecuada.

También piden permitir el contacto regular con familiares y abogados y evaluar alternativas a la detención, así como coordinar las medidas de protección con los beneficiarios y sus representantes e informar sobre las investigaciones de los hechos que motivaron esta resolución y las acciones para prevenir su repetición.

La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), enfatiza que la adopción de estas medidas cautelares por parte del Estado no implica un prejuzgamiento sobre posibles peticiones futuras en el sistema interamericano relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Este acontecimiento subraya el papel crucial de la CIDH en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región y refleja la continua preocupación internacional por la situación en Nicaragua, donde la dictadura de los ancianos Daniel Ortega y Rosario Murillo han establecido un régimen policial que tiene por característica la comisión de abusos de derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad.

La CIDH, compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, ha dictado medidas de protección cautelar a decenas de nicaragüenses víctimas de la represión sandinista, ordenada por los dictadores Ortega-Murillo y ejecutada por policías, militares, jueces, fiscales y otros funcionarios corruptos, a sueldo de la familia dictatorial de Nicaragua, misma que desde 2018 ha provocado 355 muertes, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, secuestrados, torturados y cientos de miles desterrados y exiliados.

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