El Congreso Nacional de Honduras ratificó por mayoría al fiscal general, Jhoel Antonio Zelaya, quien fungía de manera interina desde noviembre impuesto por una comisión legislativa integrada sólo por oficialistas de Libre.
Además, fueron electos el fiscal adjunto, Marcio Cañas, y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Jorge Medina, Ricardo Montes e Itzel Palacios.
En la misma sesión, los diputados nombraron nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, Vladimir Mendoza y Emilio Hércules, y del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona, Mario Alexis Morazán y Mario Alberto Flores.
Comparecencia de la bancada del Partido Nacional https://t.co/vzis99YBkc
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) February 28, 2024
Algunos diputados de Libre, y los partidos Nacional y Liberal, las principales representaciones políticas en el Congreso, se opusieron a las elecciones alegando “arreglos” entre las dirigencias que buscan “cuotas de impunidad”.
El legislador oficialista Jorge Cálix cuestionó la decisión.
“Hoy Luis Redondo hace exactamente lo mismo (arreglos)y no pasa nada”, sostuvo.
Redondo es el presidente del Congreso y aliado incondicional de Libre, el partido de la presidenta Xiomara Castro.
🏛️ #𝐸𝑛𝐸𝑠𝑡𝑒𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 | Sin presiones y sin ofrecer nada a cambio, el presidente del #CongresoDelPueblo, @Lredondo, anuncia que se logró el consenso para que las fuerzas políticas representadas en la Cámara Legislativa se pusieran de acuerdo para elegir en propiedad a… pic.twitter.com/m6mVcrukiL
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) February 29, 2024
Según él, no es correcto que hayan buscado acuerdos con los partidos Nacional y Liberal para poner a alguien de Libre como fiscal general.
“Pareciera que hay algunos que le siguen apostando al caos y se les olvida que la campaña electoral inicia hasta septiembre para que puedan arrancar”, dijo el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento.
“Desde sus curules están pretendiendo boicotear los acuerdos que nos dejan avanzar en este poder del Estado para elegir en propiedad a los cargos de cinco instituciones de importancia en el país (TSC, IAIP, Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral y en Ministerio Público”, alegó.
Por su parte, Redondo desmintió la versión del acuerdo para buscar impunidad de grupos o políticos.