La Corte Suprema de Justicia de Guatemala le dio trámite a una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus suplentes, por lo que la bola para el retiro de la inmunidad de los miembros del ente colegiado ahora está en manos del Congreso.
La solicitud de antejuicio fue hecha por el Ministerio Público, dirigido por la polémica Consuelo Porras, y este proceso podría encender una nueva oleada de protestas.
La fiscalía lo solicitó por la adquisición de un sistema informático para las elecciones generales de junio pasado, por considerar que hubo “irregularidades” en el proceso.
Porras, considerada como corrupta y antidemocrática por locales y Estados Unidos, mantiene una persecución legal desde junio en contra no solo del TSE sino del partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Desde el 2 de octubre, ciudadanos protestaron en las calles exigiendo la renuncia de Porras, por los “flagrantes” ataques a la democracia y el estado de derecho.
Incluso Arévalo, quien también ha insistido en la renuncia de la fiscal general, sostiene que ella es parte de un golpe de estado.