La Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido seguir haciendo frente a la compleja situación de derechos humanos en Nicaragua tras la salida del país del organismo internacional, adoptando una nueva estrategia para mantener un seguimiento cercano sobre la difícil situación en el país centroamericano.
La salida de Nicaragua, oficializada el 19 de noviembre de 2023, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el organismo hemisférico, que desde abril de 2018 ha estado profundamente involucrado en los esfuerzos por abordar la crisis política y social nicaragüense.
En respuesta a este desenlace, los miembros de la OEA aprobaron una resolución que pone fin al grupo de trabajo específicamente dedicado a Nicaragua, integrado por 12 países desde su creación en 2018, con el propósito inicial de “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” en medio de la crisis.
Este grupo de trabajo había sido un elemento clave en la estrategia del organismo para abordar la situación en Nicaragua, no solo documentando las abundantes evidencias de represión y brutalidad, sino también buscando diálogos y soluciones a la profunda crisis que se desató con las protestas sociales de abril de 2018.
La nueva medida establece la formación de un grupo voluntario, abierto a todos los estados miembros de la OEA, destinado a “prestar especial atención” a Nicaragua.
Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación la resolución “Seguimiento de la situación en Nicaragua”https://t.co/t3aVMovA0v pic.twitter.com/5oQZhHTSt6
— OEA (@OEA_oficial) April 3, 2024
Este grupo se plantea como una herramienta flexible y sin costes adicionales para el presupuesto de la Organización, permitiendo a los países miembros continuar el seguimiento de la situación nicaragüense bajo una dinámica adaptada a la reciente desvinculación de Nicaragua del organismo.
La dictadura de Ortega no solo renunció a la OEA, sino que asaltó la sede y confiscó el edificio donde operaba la representación diplomática del foro.
Sebastián Kraljevich, embajador de Perú ante la OEA y principal promotor de esta nueva resolución, subrayó la necesidad de adaptarse a los cambios contextuales mediante “nuevos instrumentos” que posibiliten la defensa de la democracia en América Latina.
“La resolución nos ayuda a continuar defendiendo la democracia en las Américas”, afirmó Kraljevich, enfatizando la importancia de mantener activo el compromiso con Nicaragua pese a su retiro formal de la OEA.
La resolución fue aprobada por aclamación, aunque no sin algunas disidencias.
Países como San Vicente y las Granadinas, islas dependientes de la dictadura de Venezuela, expresaron su rechazo al considerar que el grupo voluntario representa una “intrusión no deseada” en los asuntos internos de Nicaragua.
Bolivia, por otro lado, si bien apoyó la conclusión del mandato del grupo de trabajo de 2018, mostró reservas ante la creación de este nuevo grupo voluntario.
En contraparte, naciones como Costa Rica, Canadá, Brasil, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos respaldaron la resolución, destacando su importancia en el continuo esfuerzo por abordar los desafíos democráticos y de derechos humanos en Nicaragua.
Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA, calificó la acción del organismo como “probablemente lo más inteligente que pudiéramos hacer”, en referencia a la adaptación de la OEA a la nueva realidad política de Nicaragua y su desvinculación del sistema interamericano de derechos humanos.
Esta decisión de la OEA llega en un momento en que Nicaragua enfrenta críticas internacionales por el encarcelamiento de 1.614 personas por motivos políticos, la revocación de la nacionalidad a más de 300 individuos y la cancelación de más de 3.000 entidades de la sociedad civil, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con estas acciones, la OEA busca mantener viva la atención internacional sobre Nicaragua, buscando formas de influir positivamente en la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país Centroamericano.
La dictadura de los Ortega-Murillo, tal y como estila, se pronunció con un comunicado retórico, lleno de insultos y ofensas contra la organización, a la calificó como “basurero”.
Al peor estilo verborréico de la vicedictadora Murillo, la “comunicación oficial” de la dictadura rechaza no solo los resultados de la resolución de la OEA, sino también a los países miembros.