Las “crecientes” violaciones que ocurren en Nicaragua a la libertad de expresión y prensa, el aumento de las agresiones contra periodistas, activistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, artistas, opositores políticos, entre otros, fueron expuestas en un informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Ese documento, anunciado en las pre sesiones del Cuarto Examen Periódico Universal, es el resultado de un trabajo conjunto realizado entre organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos.
A la vez, forma parte del informe del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas, a realizarse previamente en este fin de agosto.
El Examen Periódico Universal a Nicaragua se realizará en noviembre de este año en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Además de recoger los ataques contra el periodismo independiente desde el 2018, brinda recomendaciones al Estado de Nicaragua para solucionar esta grave crisis que ha permitido la persecución, criminalización, exilio forzado, retiro de la nacionalidad, confiscación, entre otros.
“El Estado (de Nicaragua) se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo ni garantizando estos derechos esenciales”, indica el informe.
Resalta que “debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y a la retirada de la ciudadanía al menos a 317 personas, Nicaragua alcanzó la cifra récord de al menos 440.260 desplazados, el 6,5% de su población”.
“Noventa de los despojados de su nacionalidad en 2023 son periodistas, diplomáticos, directores de medios de comunicación, miembros de la oposición, escritores y miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos y activistas”, indica la SIP.
Concluye que “estas violaciones han perpetuado otras violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de los derechos al reconocimiento como persona ante la ley, a participar en los asuntos públicos, al trabajo, a la seguridad social y otros derechos económicos y sociales, cuyos impactos son imposibles de cuantificar”.
Entre otros aspectos, destacan que entre 2018 y 2023, en Nicaragua se cerraron 54 medios de comunicación y más de 5,500 ONG a las que se les ha cancelado su registro legal.
“La aniquilación de organizaciones, especialmente las que trabajan por las libertades fundamentales, afecta a la democracia, reduce el espacio cívico y facilita el silenciamiento de las voces críticas y disidentes”, señala en informe.
Además, más de 360 periodistas han sido obligados al exilio, mientras decenas más se encuentran amenazados en Nicaragua, con un periodista condenado a 8 años de cárcel y al menos dos periodistas más desaparecidos.