La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado luz verde a la construcción de un “Centro de Instrucción” policial en Managua, financiado por el régimen de Vladímir Putin.
Este proyecto, rápidamente aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de marzo de 2024, ha suscitado preocupaciones entre expertos en seguridad nacional, quienes advierten que podría servir como fachada para una agencia de espionaje rusa en la región centroamericana.
El acuerdo de cooperación, firmado por representantes rusos y nicaragüenses durante la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, general Nikolái Pátrushev, a finales de febrero, otorga a Rusia la propiedad y control total sobre las instalaciones construidas, así como inmunidades casi diplomáticas a sus empleados.
Este nivel de autonomía ha llevado a expertos a cuestionar las verdaderas intenciones detrás del establecimiento del centro, sugiriendo que podría encubrir operaciones de inteligencia bajo el disfraz de capacitación policial.
Este acuerdo marca un paso significativo en la consolidación de las relaciones estratégicas entre la dictadura de Ortega y el régimen represivo de Putin, en un contexto donde Nicaragua ya alberga un Centro de Capacitación Antinarcóticos Rusia-Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017.
La creación de un segundo centro intensifica la presencia rusa en el país, en un momento donde la asesoría y capacitación rusa parecen estar dirigidas a fortalecer las capacidades represivas del gobierno nicaragüense, más que a combatir la delincuencia.
Este desarrollo ocurre en un período donde Nicaragua se ha visto cada vez más aislada en el escenario internacional debido a su historial de violaciones a los derechos humanos y represión de la oposición.
La relación con Rusia, un aliado estratégico que ofrece apoyo político y militar sin las condiciones de derechos humanos que imponen los países occidentales, se ha convertido en un pilar para la sostenibilidad del régimen de Ortega.