Dictadura de Nicaragua condena a ocho años de prisión a diputada miskita de Yatama

La justicia orteguista sentenció a la política por “complot contra el estado”. Está prisionera desde hace varias semanas.

Nancy Elizabeth Henríquez James, suplente del legislador Brooklyn Rivera, fue sentenciada a 8 años de prisión por presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, informó Liza Francis Henríquez, su hija. 

La condena se dio a conocer durante una visita familiar en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como “La Esperanza” en Managua.

Henríquez, quien fungía como presidenta y representante legal del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa “Hijos de la Madre Tierra” en lengua miskita), fue detenida en Managua después de asistir a una citación de la Policía Nacional. 

Su arresto ocurrió 2 días después de la detención del legislador y líder indígena Brooklyn Rivera, quien previamente había sido aliado de los dictadores sandinistas en la Asamblea Nacional.

Yatama, antiguo allegado al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había instado a las autoridades a “cesar toda violación sistemática y persecución política a los líderes indígenas” y a “desocupar inmediatamente la toma policial ilegal, permitiendo la reanudación de la radio emisora comunitaria”.

Estos eventos se suman a la crisis política y social que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas sociales fueron aplacadas a sangre y fuego por el régimen sandinista, que provocó una masacre de 355 personas, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos y torturados y cientos de miles de exiliados.

La situación sociopolítica en Nicaragua empeoró tras las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, donde Daniel Ortega se recetó un quinto mandato, cuarto consecutivo, y su pareja, Rosario Murillo, asumió el cargo de vicepresidenta. 

Estas elecciones estuvieron marcadas por la detención de varios contendientes principales, generando preocupación nacional e internacional sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia en Nicaragua bajo la administración de la familia Ortega Murillo, la cual ha sido calificada como ilegítima por Estados Unidos, Unión Europea y Organización de Estados Americanos.

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