En una controvertida acción por parte del régimen nicaragüense, el obispo Rolando Álvarez fue exhibido este martes ante los medios de comunicación vinculados a la familia gobernante, presentando un aspecto demacrado y envejecido tras más de un año bajo régimen carcelario.
#LoÚltimo El régimen de Ortega pretende hacer creer que el obispo de Matagalpa monseñor Rolando Álvarez recibe trato preferencial, sin embargo su deterioro físico es notable en las imágenes
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Las imágenes del obispo, que han circulado recientemente, fueron acompañadas de un comunicado del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, en el que se le retira su título eclesiástico y se le califica de “traidor a la patria”.
El vídeo exhibe al obispo en uniforme carcelario, sentado en una mesa viendo la televisión, el religioso, con el rostro serio, no exhibe emoción alguna mientras es filmado.
El comunicado, que procura justificar las condiciones de detención del obispo, sostiene que Álvarez disfruta de “condiciones de reclusión preferenciales” y que se le ha proporcionado atención médica adecuada, visitas familiares y recepción de paquetes. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la apariencia visible del obispo en las fotografías y videos difundidos.
El Ministerio de Gobernación, dirigido por Maria Amelia Coronel Kinloch y el viceministro Luis Roberto Cañas Novoa, ha sido señalado por permitir y perpetrar numerosos atropellos contra los ciudadanos nicaragüenses en régimen carcelario.
Coronel Kinloch es considerada una funcionaria insensible y cómplice de todo tipo de atropellos contra los nicaragüense en régimen carcelario: y el viceministro Cañas Novoa es un oscuro ex policía corrupto y violento, señalado de ser el principal represor en las cárceles de la dictadura.
La exhibición de Álvarez se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha demandado su liberación y el Subcomité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ha anunciado un foro para exigir su libertad incondicional.
La situación de Álvarez ha captado la atención internacional y ha sido objeto de condena por parte de organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Su arresto y detención prolongada son vistos como parte de una campaña más amplia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para reprimir voces disidentes y consolidar su control autoritario sobre Nicaragua.
El caso de Álvarez es emblemático de la persecución religiosa y de la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Su detención ha generado una ola de solidaridad internacional, con llamados a la acción por parte de gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar su liberación y el respeto a los derechos humanos en el país centroamericano.