Dictadura de Nicaragua pretende controlar los datos de usuarios de la telefonía con nueva ley

Invasiva y de enormes implicaciones para la privacidad de los ciudadanos, Daniel Ortega espera la aprobación legislativa que le permitirá controlar todos los detalles de los usuarios de telefonía.

 

La dictadura de Nicaragua está a punto de dar otro paso hacia “nuevos controles ciudadanos” con la ayuda de la tecnología, por medio de un proyecto de ley de telecomunicaciones que el legislativo, controlado por el régimen, se dispone a aprobar.

Para opositores exiliados, las nuevas regulaciones son un apriete de tuercas en un estado que no admite disidencia de ningún tipo y donde hasta los obispos son encarcelados por hablar del gobierno o los gobernantes.

La nueva normativa exigirá a las empresas de telecomunicaciones la entrega al gobierno de datos, en detalle, de sus clientes.

El proyecto está “en estudio” en la  Comisión de Infraestructura.

La Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales existente, será sustituida por la nueva normativa, que para los críticos es el establecimiento de un sistema de vigilancia global, que permitirá nuevos controles que amenazan con tener acceso a la privacidad de las compañías y sus usuarios.

La “actualización de las regulaciones para adaptarlas al progreso tecnológico” es el pretexto de la dictadura para echar a andar la ley. Sin embargo, el paso de esta por la Asamblea es puro trámite, porque todos saben que en Nicaragua se hace lo que ordena “Daniel”.

Las estadísticas de uso, la georreferencia y la geolocalización de los usuarios deberá ser entregada al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor). 

Pero, además, la ley obligará a las empresas de telecomunicaciones a poner a disposición del gobierno su infraestructura y servicios, sin cobro alguno, en casos de emergencias locales o regionales.

Los opositores han advertido que el objetivo es el desarrollo de un aparato de “vigilancia integral”, algo hasta el momento nunca desarrollado en este país.

La regulación para la importación de equipos tecnológicos, también está regulada por el estado.

El régimen, sin embargo, justifica que estas medidas facilitarán “la conectividad de alta velocidad, la calidad y la asequibilidad”.

La advertencia de la interferencia ley para la privacidad y la libertad en Nicaragua parece, como en muchas ocasiones anteriores, no importante para la dictadura. Y esto terminará de restringir la libertad de expresión y prensa.

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