Un tribunal nicaragüense ordenó este viernes la confiscación de bienes de los 222 expresos políticos que fueron desterrados en febrero pasado y que además fueron despojados de su nacionalidad.
El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) confiscar los bienes y en su sentencia dice: “Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica”.
Además de decomisar las propiedades, también les decomisarán todas las acciones y sociedades mercantiles que “los condenados” tengan y según ellos este acto de expropiación lo harán para que respondan “por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua y en especial para garantizar la protección de la sociedad nicaragüense”.
La encargada de ejecutar esta orden es la Dirección Nacional de Registro y una vez más anexaron el nombre de los 222 expresos políticos entre los que figuran siete exprecandidatos presidenciales, dirigentes políticos, estudiantiles, campesinos, feministas, periodistas y religiosos.
Maradiaga: “nunca podrán quebrar nuestra dignidad”
El presidente de la Fundación Libertad y expreso político, Félix Maradiaga, uno de los 222 opositores afectados por la confiscación de sus bienes calificó la sentencia como “un robo”.
“Es otra grave violación a los derechos humanos fundamentales, ya que la propiedad privada es un derecho constitucional y una garantía jurídica básica consignada en múltiples convenios internacionales suscritos por Nicaragua. Es una acción gravísima contra los 222 presos políticos, que se suma a la que había sido tomada previamente contra otras 94 personas en otra lista, incluyendo a mi esposa Berta Valle”, dijo Maradiaga en una declaración hecha llegar a Centroamerica360.
“Este robo daña irreparablemente todo el estamento jurídico nicaragüense en materia de propiedad privada. Con la familia Ortega Murillo en el poder, nadie en Nicaragua está a salvo”, agregó.
“No hay ningún nicaragüense que pueda sentir que su vida, libertad, propiedad personal, integridad física o incluso su derecho a su propia religión estén protegidos. Esa dictadura es una bestia sin límites que lo devora todo”.
Félix Maradiaga, expreso político afectado por la confiscación.
Sin embargo, el exprecandidato presidencial aseguró que “hay algo que esa dictadura nunca podrá quebrantar: nuestra dignidad y profundo compromiso de amor a Nicaragua”.