Una reconocida defensora de derechos, Yonarqui Martínez, fue suspendida como abogada de forma definitiva por la dictadura de Nicaragua a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con 17 años como jurista, Martínez se ha dedicado desde 2018 a defender presos políticos y otros ciudadanos cuyos derechos son violentados por el régimen.
Durante ese tiempo se ha conocido que ella ha padecido asedio, acoso e intimidación de parte de la policía sandinista.
Además la dictadura ordenó que se le suspendiera su título universitario que la acredita legalmente como profesional del derecho, así como la entrega de protocolos que utiliza para su trabajo, el sello y el carné, según una circular firmada por el secretario de la Corte Suprema, Rubén Montenegro Espinoza.
Esto marca “una nueva modalidad de ataques” contra opositores y su círculo cercano de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público, a partir de la notificación de la presente sentencia. Declárase nulo el título de abogado y notario público registrado ante este supremo tribunal”, reza la circular, misma que es firmada por los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte.
La misma notifica a Martínez en referencia con sus títulos de abogada y notario público, que debe de presentarse ante la Secretaría de la Corte, en lapso de 24 horas, y “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciere”.
Aunque el documento es explícito alrededor de la notificación, en el entendido que la abogada ha sido una de los principales apoyos para los afectados, perseguidos y hasta encarcelados por la dictadura. Misma que, además, documenta los casos que realiza la dictadura en contra de la sociedad civil que ellos estiman como enemigos de la patria u opositores.
La disposición se presenta luego que la abogada y defensora de derechos humanos anunció vía Twitter las capturas de pantalla de los procesos ilegales llevados a cabo por el órgano judicial en contra de 57 detenidos y procesados de forma exprés que no llegó ni a 24 horas, cuando ya habían sido condenados.
La Corte no especifica los motivos de la suspensión de la abogada, únicamente explica que se acuerda en el artículo 165, número 10 de la Constitución Política de Nicaragua.
El artículo 164, numeral 8, es el que establece las atribuciones de la Corte, que exclusivamente dicta “extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley”. De igual manera, acudieron al artículo 4 y 6, numeral 18 de la Ley de Carrera Judicial, y en ella orientan que, en el caso de suspensión, el mismo es resuelto “por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
Martínez ha recibido múltiples apoyos de parte de colegas y organismos defensores de los derechos humanos desde Nicaragua y el extranjero.