En un elevado tono diplomático, el grupo de exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), llamaron a la comunidad internacional a adoptar acciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Mediante una declaración internacional, los exgobernantes y jefes de Estado exigen a los organismos defensores de derechos humanos a nivel mundial y regional a condenar las acciones arbitrarias contra universidades y centros de estudios cometidos por “el régimen dictatorial y despótico de Ortega-Murillo en Nicaragua”.
La comunicación ocurre 2 días después que la dictadura ordenara el cierre y confiscación del antiguo y prestigioso Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
@Almagro_OEA2015 @CIDH @ONU_derechos 25 ex jefes de estado de @IDEA_Grupo condenan dictadura de Nicaragua ante cierre de @INCAE y universidades pic.twitter.com/BqjACf0lw2
— Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) September 27, 2023
El régimen sandinista canceló el lunes 25 de septiembre la personalidad jurídica al INCAE, una escuela de negocios con sedes en Managua y Costa Rica, cuyos bienes en territorio nicaragüense han sido confiscados por el sandinismo.
Los exjefes de estado y de gobierno en su declaración afirman que la educación es un derecho humano que debe ser defendido por la comunidad internacional.
Ellos mencionan que tras enterarse del cierre y confiscación del INCAE y la Universidad Centroamericana (UCA) el pasado agosto, emitieron el comunicado demandando acciones de la comunidad internacional contra las reiteradas acciones de represión del régimen.
“La educación, en lo específico, la educación para la libertad, fundada en el compromiso con el bien común y el fomento de relaciones solidarias, además de ser un derecho humano fundamental que ahora proscribe la dictadura nicaragüense, tal como lo ha señalado la UNESCO, implica el empoderamiento de todas las personas para que participen con libertad y discernimiento propio en todos los ámbitos de la vida social y política”, señala el comunicado.
Ante estos hechos, los dignatarios exigen a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptar las medidas que correspondan en contra de los responsables del nuevo atentado a las libertades en Nicaragua.
“Los gobiernos democráticos del mundo y los de las Américas, han de condenar categóricamente estas decisiones por afectar ellas a un principio de orden público internacional, el del respeto y la tutela de la dignidad de la persona humana”, subraya la declaración de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas.
Diputados de Costa Rica también condenan dictadura
En el mismo sentido, 45 diputados de Costa Rica emitieron este 27 de septiembre una declaración condenando a la dictadura sandinista, señalada por organizaciones de derechos humanos por cometer delitos de lesa humanidad contra la población civil.
Los legisladores aprobaron una moción para que el Plenario Legislativo acuerde solidarizarse con Nicaragua y con todas las organizaciones de la sociedad civil “que luchan por recuperar la paz y buscar soluciones a la crisis social y de gobernabilidad que vive ese país”.
El pronunciamiento se da en el contexto del cierre y confiscación del INCAE.
Con la moción el Poder Legislativo también censuró las actuaciones de régimen nicaragüense en contra de la democracia y la paz, y a la vez, llamó al diálogo y la concertación “como única vía para la resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia”.
La moción, impulsada por la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), señala que se presentó en razón de que Costa Rica “es un país de tradición firmemente democrática y que es promotor de la libertad y de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.
La comunicación señala que la dictadura sigue “promoviendo acciones de persecución política, de decisiones judiciales arbitrarias, de inestabilidad institucional y social, de violación a los derechos constitucionales políticos y democráticos del pueblo de Nicaragua, que constituyen a su gobierno en una visible dictadura”.