El Ministerio Público de Guatemala ha desestimado al menos 16 de las denuncias que ha presentado el Gobierno de Bernardo Arévalo por presunta corrupción hallada en diversas dependencias del Ejecutivo durante el gobierno de Alejandro Giammattei, confirmó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.
El gobierno de Arévalo ha presentado 131 denuncias por medio de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y han sido publicados en línea en una plataforma denominada Los expedientes de la corrupción, que se encuentra en el portal de la CNC.
“Entre ellas, casos como el que se presentó por el Ministerio de Salud el pasado 12 de abril, en el que denunció la sustracción de documentos legales del Hospital Roosevelt”, denunció Palomo.
Añadió que se desechó el reclamo el 10 de junio, pese a haber presentado un video que mostraría este robo de documentos.
Según el secretario Palomo, en 131 denuncias que el Gobierno ha presentado hay prejuicios al Estado por al menos 7 mil 266 millones 856 mil 188.52 quetzales (unos $938.1 millones).
Según Palomo, esa cifra cubriría la modernización completa del Aeropuerto Internacional La Aurora, estimada en mil 540 millones de quetzales; la construcción de un hospital moderno totalmente equipado, valorado en 740 millones de quetzales, y la construcción de una red de transporte del metro en Guatemala, valuada en 4 mil 760 millones de quetzales.
“Según el Ministerio público, no se puede investigar basándose en sospechas y suposiciones, pero sí actúa de oficio por tuits, capturas de pantalla, acusaciones de actores afines a ellos o por emitir opiniones”, subrayó Palomo, quien aseguró que el gobierno de Arévalo seguirá con el combate contra la corrupción y denunciando los casos que haya que denunciar.
“Su compromiso es con otras causas, no con la lucha contra la corrupción”, dijo Palomo sobre el MP.
Desde que Arévalo triunfo en la primera vuelta electoral en junio de 2023, el Ministerio Público ha emprendido una serie de acciones legales que han sido tildadas nacional e internacionalmente como persecución política.
Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han emitido sanciones contra la titular del MP, Consuelo Porras y varios de sus principales colaboradores, por actos de corrupción.
