La Fiscalía General confirmó este lunes la apertura de una investigación en contra del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de penalidad del corruptor.
Esta investigación se tramita bajo el expediente 24-000031-0033-PE y surge a raíz de una denuncia pública realizada la semana pasada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
Arias declaró en el programa Malas Compañías de Teletica Radio que Chaves le ofreció los votos del oficialismo a cambio de dejar expirar la comisión que investigaba el financiamiento de la pasada campaña presidencial.
“La Fiscalía General informó que, respecto a los hechos consultados, se abrió la causa 24-000031-0033-PE, en la que se investiga el presunto delito de penalidad del corruptor”, detalló el Ministerio Público en un comunicado, señalando que la investigación se abrió de oficio.
El delito de penalidad del corruptor consiste en dar o prometer a un funcionario público una dádiva o una ventaja indebida.
Según Arias, “se me insinuó que, si no se hacía nada con esa comisión, pues podía vencer el plazo y me dieron a entender que, si eso era así, los votos podrían estar disponibles”.
“Mi reacción fue que no podía hacer eso porque sería incumplir mis obligaciones como presidente del Congreso”, dijo Arias.
En respuesta, Chaves criticó a Arias por haber violado “la intimidad de la confianza” al revelar lo que consideró una conversación privada.
“A don Rodrigo Arias se le cayeron las medallas de caballero. Esa conversación fue en la confianza de la intimidad. Cruzó una línea y a mí me duele”, declaró Chaves, sin negar las afirmaciones de Arias, aunque calificó sus declaraciones de “divorciadas de los hechos”.
Esta denuncia se suma a una serie de casos penales y judiciales que han involucrado a Rodrigo Chaves desde su ascenso al poder.
Chaves ha enfrentado múltiples acusaciones de tráfico de influencias e intervención indebida en otros poderes del Estado.
Entre los casos más destacados, se encuentra su presunta intervención en nombramientos judiciales y su influencia en decisiones legislativas a través de la coacción de votos y favores políticos.
El clima político en Costa Rica se ha visto intensificado por estas acusaciones, que reflejan tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Presidencia aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la nueva investigación en curso.