La Asamblea Nacional de Nicaragua derogó por ley la Cruz Roja nicaragüense, ordenó la confiscación de sus bienes y la creación de una nueva entidad bajo control del Ministerio de Salud, como castigo por haber atendido a las víctimas de la represión de la dictadura de Daniel Ortega durante las protestas de 2018.
Los diputados orteguistas aprobaron la “Ley de Derogación del Decreto Legislativo 357 de 1958 y creación de la Cruz Roja”, alegando que “en los actos acontecidos en 2018” algunas filiales de esta asociación actuaron contra sus principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.
Durante las protestas de 2018, las fuerzas de seguridad de la dictadura y paramilitares del Frente Sandinista dispararon contra la población civil, hiriendo y asesinando manifestantes, que eran trasladados por ambulancias del a Cruz Roja a hospitales, donde muchas veces les negaron atención médica por órdenes del ministerio de Salud.
El decreto aprobado alega que la Cruz Roja incumplió sus deberes y obligaciones de presentar sus estados financieros y balances contables, así como la identidad de sus donantes.
De manera que los diputados encargan al Ministerio de Salud “para hacerse cargo de una nueva Cruz Roja nicaragüense dentro de un modelo cristiano, socialista y solidario”.
El artículo 3 de la ley ordena que todo el patrimonio, bienes y acciones de la Asociación nacional Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud.
La Cruz Roja es una organización internacional fundada en 1863 por el suizo Henry Dunant, independiente de cualquier gobierno, partido o empresa.