La ONU y la CIDH insisten en liberación de obispo Álvarez de Nicaragua

El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región y la Comisión Interamericana pidieron, de nuevo, la liberación de monseñor Rolando Álvarez, un prisionero político.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto pidiendo la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas de libertad por asuntos políticos en Nicaragua.

Fechado en Panamá, sede de la oficina de OACNUDH para América Central y Washington, sede de la CIDH, ambas oficinas reiteraron su profunda preocupación por la detención arbitraria del obispo y sus condiciones físicas y mentales en el encierro en celdas de castigo en el Sistema Penitenciario de la dictadura sandinista.

Ambas organizaciones condenan enérgicamente “las constantes violaciones a sus derechos fundamentales por parte del régimen de Daniel Ortega, incluyendo la falta de acceso a atención médica y medicamentos, la incomunicación en el sistema penitenciario La Modelo y las restricciones a las visitas familiares”.

Un año de cárcel arbitraria

“Las violaciones a los derechos de monseñor Rolando Álvarez son contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos suscritas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, dicen las organizaciones en sus comunicados.

Y agregan: “Estos instrumentos internacionales garantizan el debido proceso, la libertad y la integridad personal, cuyas garantías han sido claramente vulneradas en este caso”.

Monseñor Álvarez fue detenido el 19 de agosto de 2022 tras permanecer más de 15 días sin alimentos ni agua, junto a otros miembros de la Iglesia Católica.

Su arresto fue llevado a cabo por la policía de manera violenta y sin orden judicial, colocándolo bajo detención domiciliaria.

En diciembre de 2022 fue presentado ante los tribunales de Managua, acusado de conspiración y propagación de noticias falsas en detrimento del Estado y la sociedad nicaragüense.

En una sentencia sin juicio ni garantías procesales el 10 de febrero de 2023, monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de la ciudadanía nicaragüense.

Condenado pese a medidas cautelares

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares y provisionales a su favor, subrayando la urgencia de prevenir daños irreparables a sus derechos.

La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido documentada por la CIDH y la OACNUDH desde 2022, con la expulsión arbitraria de sacerdotes y

religiosas, expropiación de bienes y cancelación de organizaciones sin fines de lucro.

Más de 44 miembros de la Iglesia Católica fueron expulsados y 8 sacerdotes permanecen detenidos en condiciones inhumanas.

La Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan la libertad religiosa y de conciencia.

Monseñor Rolando Álvarez, de 56 años y obispo de Matagalpa, Nicaragua, al ser arrestado en agosto de 2022 por la policía de la dictadura sandinista.

La CIDH y OACNUDH hacen un llamado al régimen de Nicaragua a respetar esos derechos fundamentales, liberar a monseñor Rolando Álvarez y a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Guerra total contra la religión

En un contexto de creciente represión, instan al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar un espacio cívico libre y plural.

Desde 2022, tanto la CIDH como la OACNUDH han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.

Diferentes colegios y Universidades vinculados con la Iglesia Católica han sido confiscados, incluyendo recientemente la mayor universidad jesuita de Nicaragua.

El 9 de agosto de 2023, la dictadura decidió congelar las cuentas bancarias e inmovilizar los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana en Managua (UCA).

El 15 de agosto el Poder Judicial ordenó la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la UCA, bajo el argumento que dicho centro de estudios funcionó como un “centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.

Sin libertades de ningún tipo en Nicaragua

A partir de esta fecha, todas las actividades académicas y administrativas han sido suspendidas, afectando el derecho a la educación, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión y al trabajo de un sinnúmero de nicaragüenses.

De igual manera, se ha recibido información sobre casos de represión y persecución contra otras religiones.

Por ejemplo, la policía ha disuelto cultos protestantes en 6 ocasiones, y al menos 4 pastores habrían sido impedidos de ingresar al país.

El Estado también ha cancelado organizaciones sin fines de lucro y confiscado una universidad de naturaleza cristiana evangélica.

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