El gobierno izquierdista de Brasil se sumó a una iniciativa de países que cuestionan las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La adhesión a la demanda internacional se produce en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos y disidentes del país centroamericano, frustrados con la postura indiferente del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En la ONU, sin embargo, la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores fue sumarse al grupo formado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, además de Chile.
El bloque internacional, formado desde la Organización de Estados Americanos, a la que Ortega renunció y asaltó su sede en Managua, solicita al régimen sandinista que libere a los disidentes y acepte el equipo de inspectores de la Comisión de Derechos Humanos, creada en la ONU, para investigar los crímenes cometidos en Nicaragua.
La lectura de la prensa brasileña es que la posición de da Silva es, básicamente, un reconocimiento de la existencia de la represión.
El gobierno brasileño insistió en el foro que es necesario mantener canales de comunicación con Ortega, pero incluso ha sido presionado por la ONU para que explique cómo esa postura se ha traducido en acciones concretas a favor de un cambio de posturas en la radicalización de la dictadura.
Los disidentes nicaragüenses, en conversaciones con la prensa internacional en Naciones Unidas, bajo condición de anonimato, aplaudieron la presencia de Brasil en el grupo.
Sin embargo, esperan que Lula, debido a su influencia ideológica, podría actuar con más fuerza para presionar a Ortega para que abandone la represión.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, reveló este mes que la dictadura Ortega-Murillo ha empeorado la violación de derechos humanos, atacado a la Iglesia Católica, confiscado medios, privado de libertad a sacerdotes, periodistas y líderes civiles, anulado y confiscado más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil, despatriado y desnacionalizado a más de 300 nicaragüenses y expropiado sus bienes.
Todas ellas, acciones consideradas crímenes de lesa humanidad por los expertos.
A Ortega se le achaca la responsabilidad en el exilio y desplazamiento migratorio de más de 600,000 nicaragüenses desde 2018.
“La gente salió masivamente del país en busca de asilo. En marzo pasado condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno”, se lee en la investigación de la ONU.
Sin embargo, según el grupo de expertos, la situación es aún peor.
“Ahora Nicaragua intensifica su represión contra la Iglesia católica, con la detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión tras su negativa a exiliarse”, declaró el informe.
Esta es la segunda vez que Lula da Silva interviene como mediador del conflicto nicaragüense, ya en junio pasado actuó con el Vaticano para liberar al obispo Álvarez, pero el prelado rechazó la oferta de exiliarse y la dictadura lo regresó a las celdas de tortura en el sistema penitenciario de Nicaragua.