Nicaragua: sacerdotes al exilio, desaparecidos y templos cerrados por persecución

La situación que afronta la Iglesia Católica es impensable. Persecución de sacerdotes, confiscación de bienes, ataques constantes. Todo “cortesía! de la dictadura.

Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político de la dictadura de Nicaragua, custodiado por jefes policiales mientras un médico lo atiende.

En una pequeña parroquia de Mateare, municipio de Managua, al occidente de la capital, un hombre de civil a bordo de una moto, pregunta quién es el padre a cargo del recinto. Un grupo de personas que tomaba sombra bajo un árbol a unos metros del recinto niega con la cabeza, con desconfianza. 

“Es que quiero celebrar misa de aniversario de mi papa que murió en noviembre”, dice el hombre, pero nadie le responde. El hombre gira en su moto de regreso por la calle de adoquines por dónde ingresó y se desaparece en el tráfico matutino de la carretera Nueva a León.

Ahí nadie sabe nada del párroco desde la última semana de diciembre de 2023. La gente no sabe si fue detenido, si huyó o si está de vacaciones, pero no es usual que la pequeña parroquia permanezca cerrada.

Igual situación pasa en varias comunidades de toda Nicaragua: hay iglesias y casas curales a puertas cerradas desde el fin de año.

Durante diciembre, la dictadura izquierdista sandinista, que encabeza el dictador Daniel Ortega y su cruel mujer Rosario Murillo, iniciaron una campaña de terror y persecución que aun persiste y que lleva como saldo al menos 20 sacerdotes secuestrados, desaparecidos y posiblemente apresados por policías y civiles a sueldo del dictador.

La ola de secuestros inició con un discurso de odio de la vice dictadora Murillo contra los sacerdotes y desde entonces, junto a los mensajes que los deshumaniza como “demonios y asesinos”, se ha desatado una cacería que ha llevado a organizaciones internacionales de derechos humanos a protestar y exigir la libertad de los religiosos.

Desde entonces, decenas de templos en todo el país han quedado a puertas cerradas; decenas de curas, monaguillos, monjas y personal de asistencia a las casas curales se han escondido, huido a fincas, cerros y potreros o salido clandestinamente de las fronteras.

Algunos han salido vestidos de civiles para evitar ser capturados, perseguidos o denunciados por “sapos”, vigilantes políticos en las comunidades, encargados de avisar a la policía política de la familia Ortega-Murillo sobre los movimientos de los religiosos y sus familias.

Uno de ellos es el padre Fernando Téllez Báez, párroco en Nuestra Señora de las Américas en el populoso barrio Las Américas III de Managua, quien cerró las puertas de la parroquia y salió clandestino con una mochila al hombro por puntos ciegos de la frontera sur.

Ortega y Murillo, atornillados en el poder desde 2007 mediante fraudes electorales, corrupción y violencia política, han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por la cifra de 355 personas asesinadas, más de 4,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos, torturados y más de 600,000 personas desterradas y exiliadas.

No en balde el papa Francisco acusó a Ortega de “desequilibrado” y catalogó su dictadura como “grosera” con lo peor del fascismo y el comunismo.

El claro internacional y sacerdotes católicos de todo el mundo señalan a Ortega y Murillo de enemigos de la iglesia y han demandado la libertad de los religiosos.

No en balde el obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar, calificó al régimen Ortega-Murillo de Nicaragua como una “dictadura diabólica” que persigue a la Iglesia como el “anticristo”.

“Ofrezcamos esta santísima eucaristía por varias intenciones generales. Estamos muy dolidos por todo lo que está pasando en Nicaragua, muy sufridos: tanto arresto de sacerdotes, en una dictadura diabólica, como el anticristo persiguiendo a la Iglesia de Jesucristo, algo que no se veía ni en Cuba, ni en Venezuela, ni otros países”, dijo el pasado 31 de diciembre durante una misa en comunidad de San Juan de Santa Cruz, en el cantón de Liberia, provincia de Guanacaste.

El obispo recibió en persona en julio pasado a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, cuyos bienes fueron arrebatados por la familia Ortega-Murillo y ellas posteriormente expulsadas de Nicaragua.

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